¡Se les cayó el teatro a los uribistas! Inventan inhabilidad de la jueza que condenó a Uribe y quedan en ridículo

¡Uribismo en crisis! La jueza que condenó a Álvaro Uribe sí estaba legalmente habilitada, y los ataques en su contra resultaron ser otro show mediático para deslegitimar el fallo.

Un nuevo escándalo sacude al uribismo. Esta vez, no por un fallo judicial ni por un nuevo testigo, sino por una campaña mediática que busca poner en duda a la jueza que se atrevió a condenar en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El 6 de septiembre, el portal El Expediente, dirigido por el polémico periodista Gustavo Rugeles, lanzó una supuesta “bomba informativa”: que la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda no tenía competencia legal para fallar contra Uribe porque había perdido tres veces el concurso de méritos. Según esa versión, Heredia habría usurpado funciones y su fallo estaría “manchado de ilegalidad”.

Pero la realidad es otra. El Expediente asegura que Heredia fue nombrada como jueza provisional en 2016, que se pasó del límite legal de seis meses y que, como nunca ganó el concurso, no podía sentenciar al expresidente. Esa narrativa fue replicada por políticos uribistas, portales afines y abogados de bolsillo que aprovecharon la “exclusiva” para sembrar dudas sobre la validez del proceso.

Incluso el medio publicó artículos posteriores insistiendo en que el fallo contra Uribe “carece de legitimidad”.

La verdad es que Heredia sí cumple los requisitos y su nombramiento es completamente legal. Ella ejerce como jueza en provisionalidad, una figura reconocida por la Ley 270 de 1996. Esa norma distingue entre vacancias definitivas (donde el límite de seis meses aplica) y vacancias temporales (como licencias o incapacidades), que permiten encargos mucho más largos.

Y en el caso de Heredia, el Tribunal Superior de Bogotá la nombró justamente en provisionalidad por una vacancia temporal, lo cual la habilita para fallar en procesos tan sensibles como el de Uribe.

La última resolución que lo prueba es la número 15 del 22 de enero de 2024, expedida por la Sala Plena del Tribunal, en la que se confirma que la jueza asumió legalmente el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

“No aprobar un concurso para un cargo para el cual se aspira no supone la pérdida del derecho a que sea encargada de ese cargo”, explicó Mario Cajas, director del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Icesi.

En la misma línea, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, sentenció: “Si efectivamente esta funcionaria judicial había reprobado el concurso tres veces, pero estaba nombrada legalmente en provisionalidad, pues estamos completos, no es un problema ni afecta la capacidad que ella tenga para resolver casos”.

Desde la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal), su secretario nacional Yeison Viloria fue categórico: “El nombramiento de la doctora Heredia depende de la autoridad nominadora que para el caso es la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá”.

En Colombia, apenas el 50 % de los jueces ordinarios son de carrera. El resto están en provisionalidad o encargos, justamente porque el último concurso de méritos para jueces lleva ¡ocho años sin resolverse! El abogado Santiago Trespalacios lo resumió con claridad: “El caso Heredia es la muestra de un problema institucional que no le es atribuible a ella, sino a la gran mayoría de los jueces de la República”.

Incluso el exfiscal Eduardo Montealegre salió a desmentir otra de las insinuaciones de El Expediente: “Totalmente mentiroso, infames afirmaciones”, respondió al ser vinculado falsamente con la jueza.

La realidad es que Heredia llegó al caso de Uribe por reparto aleatorio, como lo establece la ley. No fue ella quien buscó el proceso ni quien lo escogió. Lo que sí hizo fue fallar en derecho.

Lo demás parece ser otra cortina de humo uribista: un intento desesperado por deslegitimar un fallo judicial a punta de titulares rimbombantes y medias verdades.

Y mientras tanto, el país se enfrenta al verdadero escándalo: que en Colombia más de la mitad de los jueces siguen en provisionalidad porque el Estado no ha resuelto los concursos de méritos.

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