El presidente Gustavo Petro anunció que respaldará acciones judiciales relacionadas con la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, una decisión que abre un nuevo capítulo político y jurídico a pocas semanas del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto.
La propuesta de Abelardo de la Espriella de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana desató una ola de críticas y reavivó el fantasma de las Convivir. Congresistas y sectores sociales advirtieron que el anuncio revive un modelo que terminó infiltrado por estructuras paramilitares y le exigieron explicaciones.
Otra controversia por los supuestos 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presidente Gustavo Petro salió a desmentir públicamente la versión difundida por Abelardo de la Espriella sobre una presunta donación para financiar el llamado «empalme anticorrupción» y aseguró que esos recursos no fueron entregados para la transición de gobierno, sino que hacen parte de programas que ya habían sido acordados entre Colombia y el organismo multilateral.
La posible llegada de Viviane Morales al Ministerio de Educación desató una tormenta política inmediata. La exfiscal, exsenadora y exembajadora, recordada por impulsar el referendo contra la adopción igualitaria y por sus posiciones conservadoras en debates sobre diversidad, familia y educación sexual, sería la encargada de dirigir una de las carteras más sensibles del país en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
El empalme presidencial podría convertirse en un hecho histórico de televisión pública. En medio de las tensiones, acusaciones y exigencias sin presedentes del gobierno entrante, el presidente Gustavo Petro propuso que todas las reuniones de transición sean transmitidas por televisión para que el país vea, sin filtros ni versiones acomodadas, cómo se entrega el poder y qué información recibe la nueva administración.
Julio llegó con dos noticias que benefician directamente el bolsillo y el tiempo de millones de trabajadores colombianos. Desde el 1 de julio, trabajar domingos y festivos se paga con un recargo del 90 %, y desde el 15 de julio la jornada laboral máxima baja de 44 a 42 horas semanales, dos cambios que fortalecen derechos laborales y que el Gobierno de Gustavo Petro ha presentado como parte de la recuperación de garantías históricas para quienes sostienen la economía con su trabajo.
