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Por la corrupción de Ciro Ramírez, Centro Democrático pierde su curul en el Senado

El ahora exsenador Ciro Ramírez, quien está actualmente privado de la libertad, fue capturado el 14 de diciembre de 2023 por una orden de la Corte Suprema de Justicia.

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Los presuntos delitos que habría cometido Ramírez son concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, por lo que oficialmente el Senado de la República y a través de su presidente Iván Name, decretaron la llamada «silla vacía» sobre la curul que ocupaba Ciro.

El Centro Democrático había logrado 13 escaños, pero con esta decisión que es irrevocable hasta el 2026, año en el que se celebrarán nuevas elecciones, este partido quedará solo con 12 curules.

El legislador también está siendo investigado en relación con el escándalo de la red de marionetas liderada por el difunto exsenador Mario Castaño, la cual manipulaba contratos de diversas entidades gubernamentales desde el Congreso. No obstante, en este caso específico, su detención se debe a presuntas acciones de direccionamiento de contratos con el Departamento de Prosperidad Social durante la administración del expresidente Iván Duque.

Con esta decisión, se produce la suspensión automática de la remuneración tanto para Ciro como para los empleados que formaban parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

El 31 de enero pasado, la Corte Suprema comunicó oficialmente al Congreso la medida de aseguramiento dictada contra el exsenador. Al parecer, Ramírez habría direccionado dos contratos interadministrativos, uno por $22.173 millones y otro por $49.460 millones, en los departamentos del Quindío y Tolima.

En ambos casos, se alega que los contratistas beneficiados habrían entregado alrededor de 1.000 millones de pesos en sobornos, ya que presuntamente solicitaba hasta el 15% de beneficio por cada contrato firmado.

Por orden de la Agencia Nacional de Tierras, Uribe tuvo que entregar 8 hectáreas de sus tierras a campesinos

Actualmente el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, tiene bajo su poder aproximadamente 1500 hectáreas de terreno que equivalen a un poco más del tamaño de la localidad de Teusaquillo de Bogotá.

Sin embargo, por una orden de la Agencia Nacional de Tierras, se declaró que 8 hectáreas de esas 1500, debían ser entregadas a Juana Julia Guzmán de la Asociación Baluarte Nacional Campesino.

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En julio del año 2023, la Agencia Nacional de Tierras había declarado que ese predio era de origen baldío, lo que quiere decir que este fue tomado de forma irregular.

El terreno del Uberrimo entregado a los campesinos era llamado «El Laguito 2» y aunque la decisión es a penas nueva, este ya tenía una investigación realizada por el periodista Juan Pablo Barrientos de la Vorágine, en donde en septiembre del año 2020 reveló que la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. ocupó y explotó esa propiedad al menos desde 2012.

Adicionalmente, esta investigación mostraba que la esposa de Uribe, Lina Moreno, buscaba por medio de una demanda realizada en el año 2019, que la propiedad y el terreno fueran legalizados. Con esta demanda, el objetivo era indicar que Uribe, su esposa y sus hijos, tenían más de 7 años el dominio del predio, señalando que ellos pagaban el dominio del predio.

En su momento la Agencia Nacional de Tierras había manifestado la “prohibición de adquirir la propiedad de predios de naturaleza jurídica baldía por el lapso del tiempo, y si bien sus ocupantes, adquieren una legítima expectativa y preferencia sobre los mismos (…) no se convierten, per se, en propietarios”. Es decir, que aunque Uribe y su familia hayan gozado de este terreno por muchos años, al ser un terreno baldío es solo propiedad de la Nación.

Ante este hecho, el Presidente Gustavo Petro no dudo en felicitar a Felipe Harman, quién es el Director Nacional de la Agencia de Tierras, exaltando la labor realizada al entregarle esas hectáreas a campesinos.

Becas del Cambio que impulsó Caicedo en el Magdalena, hoy dan sus frutos

La iniciativa ‘Becas del Cambio’, liderada por Carlos Caicedo, marcó el comienzo de la gratuidad en la educación superior en Colombia, empezando por el Magdalena.

Actualmente, Jesús Segura y Rafael Molina de San Sebastián de Buenavista, han obtenido sus títulos profesionales en la Universidad Digital de Antioquia gracias a este programa.

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Las Becas del Cambio fueron impulsadas en el gobierno de Carlos Caicedo cuando este era Gobernador. Este programa busca que sean más de 9.000 habitantes de magdalena que sean los beneficiados.

Hoy, ya hay dos magdalenenses que han obtenido su título profesional. Ellos son Jesús Segura y Rafael Molina Haeckermann, quienes ahora son egresados de la Universidad Digital de Antioquia, de los programas de Desarrollo de Software y Gobiernos del cambio respectivamente.

“Hoy le doy gracias a Dios y a la vida por este inmenso logro, pero principalmente, a Carlos Caicedo y a Rafael Martínez. Gracias a la gestión del primero y a la continuidad del segundo, hoy soy un resultado del Cambio”, indicó Jesús en medio de su alegría.

Rafael Molina también habló sobre este gran logro en su vida profesional, indicando: “Llegar a la universidad era un lujo. Veíamos imposible ser profesionales, pero con las Becas del Cambio, totalmente gratuitas, eso cambió. Antes creíamos que nos tocaba ir a Barranquilla, Santa Marta o Cartagena para formarnos, pero con este programa, ese paradigma quedó atrás. Nos educamos de forma digital, lo que también facilitó nuestras vidas en medio de nuestros escasos recursos. Hoy ya puedo ofrecer un mejor mañana a mi hija y a mi esposa. A mi familia, gracias a Caicedo”.

Gracias a este programa, la educación superior aumentó su cobertura en el Departamento del Magdalena que durante el Gobierno del Cambio pasó del 26% en 2019 al 34% en 2023, beneficiando a más de 9 mil 500 magdalenenses.

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, regresará a Colombia en dos semanas

El antiguo líder paramilitar, Salvatore Mancuso, quien está actualmente detenido en Estados Unidos desde 2008, estaría regresando al país en un plazo de dos semanas.

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En agosto del año pasado, fue designado como facilitador del proceso de paz por instrucciones del gobierno de Gustavo Petro. Además, se comprometió con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) a proporcionar información y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas en la frontera con Venezuela, víctimas de acciones paramilitares.

La noticia de su regreso fue confirmada al diario El Espectador, incluso el expresidente y exsenador Álvaro Uribe también confirmo la noticia a través de sus redes sociales indicando que: “Comunidad informa: ‘Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados’”.

Mancuso fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) después de que esta instancia concluyera que sus contribuciones son originales, específicas y adecuadas para ser considerado como un punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la Fuerza Pública.

La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia se debe, en primer lugar, a que actualmente no enfrenta ningún problema legal en Estados Unidos y se encuentra en un centro de migrantes a la espera de resolver su situación en ese país. En segundo lugar, su aceptación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abre la posibilidad de activar un mecanismo denominado articulación interjurisdiccional. Este proceso se fundamenta en su continua vinculación a la instancia de Justicia y Paz, la cual es su tribunal natural donde fue juzgado como líder paramilitar.

Incluso, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que había que proteger la vida de Salvatore Mancuso, teniendo en cuenta que el puede ayudar a contribuir a la verdad en el país:

El exlíder paramilitar solicitó una reunión confidencial con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de abordar la sincronización entre los procesos de Justicia y Paz y la JEP, con miras a su futura comparecencia ante este organismo. Esta solicitud forma parte de su compromiso para esclarecer la verdad, impartir justicia y contribuir a la reparación de las víctimas afectadas por los grupos paramilitares en Colombia.

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