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Presidente Petro advierte sobre el cumplimiento de la ley en financiamiento de proyectos de infraestructura en Antioquia

Una vez más, el presidente Gustavo Petro ha recurrido a su plataforma en X para abordar la controvertida iniciativa promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destinada supuestamente a completar las obras de las vías 4G en el departamento.

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En esta ocasión, Petro ha compartido una reflexión sobre el artículo 316 del Código Penal, señalando que la recolecta de fondos asociada busca «captar dinero del público de manera masiva, sin la correspondiente autorización».

En su mensaje, el presidente Petro ha destacado la importancia de respetar la legislación vigente, haciendo hincapié en la necesidad de cumplir con las disposiciones legales establecidas. En este sentido, ha enfatizado que la ley mencionada establece claramente las consecuencias legales para aquellos que promuevan o participen en actividades que involucren la recolección de fondos del público sin la debida autorización.

El artículo 316 del Código Penal establece que cualquier individuo que participe en la promoción, patrocinio, financiación o realización de actos destinados a captar dinero del público de manera masiva y habitual, sin la autorización previa de la autoridad competente, se enfrentará a penas que pueden incluir hasta ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses de prisión, así como multas que podrían ascender hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además, el artículo subraya que si estos actos se llevan a cabo utilizando medios de comunicación social u otros canales de divulgación colectiva, las sanciones podrían aumentar hasta en una cuarta parte. Por lo tanto, la advertencia del presidente Petro resalta la seriedad de la situación y la necesidad de cumplir con las normativas legales en la gestión de la financiación pública para proyectos de infraestructura como las vías 4G en Antioquia.

Por posible lavado de activos en la “vaca” de las vías 4G, el Pacto denuncia a Gobernador de Antioquia

El senador Alex Flórez, representante del Pacto Histórico, ha sacudido el panorama político al presentar una denuncia explosiva ante la Fiscalía. Flórez apunta directamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en relación con un inquietante caso de lavado de activos vinculado a la controvertida «vaca» destinada a financiar las vías 4G en el departamento.

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Flórez ha resaltado la alarmante falta de controles de seguridad en el proceso de recepción de fondos. Enfatizó que basta únicamente el nombre del donante y el monto, una brecha que, ha sido aprovechada por grupos ilegales como el Clan del Golfo para realizar donaciones. Esta vulnerabilidad, advierte el senador, podría abrir las puertas a la infiltración de recursos procedentes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, hacia las finanzas del departamento.

A través de sus plataformas en redes sociales, Flórez ha subrayado la gravedad de la situación, recordando el tormento vivido por Antioquia «a manos de paramilitares y mafiosos». Advierte que si no se toman medidas urgentes para detener este flujo de fondos, «podría desatarse el mayor escándalo de lavado de activos en la historia de Colombia».

«No podemos tolerar que plata ensangrentada de la mafia que ha sido resultado del tráfico de drogas, del secuestro, la extorsión, ingresen a las arcas del departamento que más ha sufrido por los paramilitares y mafiosos. Sino se detiene la vaca podría configurarse el lavado de activos más grande de la historia de Colombia» dijo el Senador a través de su cuenta de X al asegurar que había radicado una denuncia ante la Fiscalía en contra del Gobernador de Antioquia.

Por su parte, la senadora Isabel Cristina Zuleta ha reiterado su llamado a la Fiscalía para investigar a fondo la «vaca», una iniciativa propuesta por el expresidente Álvaro Uribe y respaldada por el gobernador Rendón. También ha exigido que la Secretaría de Hacienda de Antioquia brinde explicaciones sobre las posibles irregularidades surgidas en la recaudación.

«Se suma otra grave denuncia de presunto constreñimiento a contratistas del departamento en la vaca de Uribe y el gobernador de #Antioquia. Reitero mi llamado a suspenderla, a la @Fiscaliacol a investigar y a la Secretaria de Hacienda del dpto a dar explicaciones» denunció a través de sus redes sociales la Senadora Isabel Cristina:

Exfuncionarios de Iván Duque irán a juicio por caso de corrupción en el DPS

La Fiscalía presenta el escrito de acusación contra cinco individuos en un caso de corrupción que ha sacudido las entrañas del Departamento de Prosperidad Social (DPS), conocido como «Las Marionetas». Este enredo de intereses oscuros y maniobras turbias ha puesto bajo la lupa a figuras clave, revelando una red intrincada de influencia política y aprovechamiento indebido de recursos destinados a la paz.

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Los nombres en juego son variados y reveladores: Katherine Rivera Bohórquez, con su antiguo vínculo como asistente del exsenador Ciro Ramírez, Anderson González, señalado como la pieza clave en el direccionamiento de contratos por el mismo Ramírez, Raúl Alfonso Cardozo, beneficiario de esos contratos, Pierre García Jacquier, exdirector del DPS, y Andrés José Ospina, contratista vinculado al senador Miguel Barreto.

Este entramado de corrupción parece apuntar hacia el contrato 670 de 2021, valuado en más de $70 mil millones, provenientes del Fondo de Inversión para la Paz. Una trama que, según la Fiscalía, buscaba satisfacer los intereses particulares de seis congresistas, entre ellos el ya mencionado Ciro Ramírez.

La raíz de este escándalo se halla en las revelaciones de Pablo César Herrera, exdirector de Proyecta Quindío, quien expuso el «modus operandi» de estos congresistas, una sombría reminiscencia de prácticas pasadas encarnadas por el fallecido exsenador Mario Castaño.

El espectro político implicado se amplía con nombres como Mario Alberto Castaño Pérez (ya fallecido), Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa. Cada uno, según las investigaciones, habría tejido una red de operaciones para obtener beneficios ilícitos de la contratación estatal.

Este caso, que se ha dado en denominar «Las Marionetas», destapa la presunta manipulación de decenas de contratos durante el mandato de Iván Duque, favoreciendo a aquellos congresistas que aseguraron su apoyo al presidente en 2020 para garantizar su estabilidad política. Las cifras hablan por sí solas: se estima que el DPS desembolsó un fondo de 22 mil millones de pesos destinados a obras en municipios de Quindío, Risaralda y Tolima, según lo testimoniado por Herrera.

Delegado de las FARC desmiente el supuesto apoyo financiero a campaña del Presidente Gustavo Petro

El representante del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional, Andrey Avendaño, rechazó categóricamente las acusaciones que circulan en redes sociales sobre el presunto respaldo financiero de su grupo a la campaña presidencial del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro Urrego.

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En una entrevista concedida al noticiero CM& el viernes pasado, Avendaño afirmó con firmeza que las FARC no proporcionaron recursos para la campaña de Petro, subrayando su compromiso con la transparencia y la verdad en su rol como revolucionario. «Es totalmente falso lo que en este momento se está planteando por las redes sociales», enfatizó.

Estas declaraciones surgieron dos días después de que el presidente Petro solicitara a las autoridades capturar con vida a ‘Iván Mordisco’, líder de un grupo disidente, quien afirmó en la red social X haber respaldado la campaña de Petro.

Durante un discurso en San Onofre (Sucre), el mandatario expresó su rechazo a tales afirmaciones y su desvinculación con las FARC desde su juventud, afirmando que nunca tuvo intención de unirse a ese grupo armado.

En la misma entrevista, Avendaño reafirmó la disposición de las FARC para continuar con los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, destacando la importancia de avanzar en lo construido hasta el momento y no retroceder en el proceso. «Nosotros no podemos estar diciendo que vamos a levantar la mesa y echar todo lo construido a la basura», señaló.

Es importante destacar que el presidente Petro, el pasado 17 de marzo, ordenó la suspensión del cese al fuego con el EMC-FARC debido al incumplimiento en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, ante ataques a la población civil, organizaciones y líderes sociales. En un comunicado en X , Petro también criticó la postura del EMC del Cauca, acusándolos de no estar comprometidos con un proceso serio de paz y de buscar fortalecerse militarmente a expensas de la población y del financiamiento ilícito.

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