El Congreso de Colombia ha decidido, una vez más, ignorar las demandas populares y sepultar una reforma clave sin siquiera permitir su discusión. Este martes, la Comisión Séptima del Senado archivó, con ocho votos a favor y seis en contra, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, un plan que buscaba mejorar las condiciones de millones de trabajadores en el país. La negativa de los senadores de derecha y extrema derecha coincidió con las masivas movilizaciones que exigían la aprobación de la reforma en las calles de las principales ciudades del país.
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Mientras miles de colombianos marchaban en defensa de sus derechos laborales, los senadores Nadia Blel (Partido Conservador), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) enterraban la reforma sin siquiera abrir el debate. Sin dar espacio a la discusión, estos legisladores se alinearon con los intereses de los grandes empresarios y decidieron cerrar la puerta a mejoras significativas para la clase trabajadora.
Mientras el pueblo está en las calles exigiendo la reforma laboral, 8 congresistas le dan la espalda y buscan archivar la reforma.
— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) March 18, 2025
No representan al pueblo. No legislan para él. #ALaCalleEste18 pic.twitter.com/TWj3UUoz3U
La reforma laboral, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes hace seis meses, proponía medidas esenciales para los trabajadores colombianos: aumento del pago del recargo nocturno, incremento del 75% al 100% en los pagos de domingos y festivos, ampliación de la licencia de paternidad y permisos para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes, mejoras en los contratos de los aprendices del SENA y regulaciones para el trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, la oposición argumentó que la reforma generaría un alza en la informalidad y aumentaría los costos para los empresarios, desechando de plano cualquier posibilidad de discusión.
En la sesión de la Comisión Séptima, el ambiente fue tenso. Aunque el Gobierno y los senadores del Pacto Histórico intentaron defender la reforma, la votación ya estaba decidida de antemano. Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, junto a Omar Restrepo de Comunes, alzaron la voz en favor de los trabajadores, denunciando la actitud obstruccionista de la derecha. «Lo único que busca esta reforma es restablecer los derechos laborales que se eliminaron en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez», sentenció Silva. Peralta agregó: «Les duele porque creen que entre más se precariza al trabajador, más crece la economía, pero eso es una mentira». Arias concluyó con contundencia: «Dar derechos laborales al pueblo no aumenta el desempleo, aumenta la calidad de vida».
¡Le dieron la espalda al pueblo! Con 8 votos en contra, la Comisión Séptima acaba de hundir formalmente la reforma laboral, ignorando a los miles que se movilizaron hoy. La lucha no termina aquí: nos vemos en las calles. pic.twitter.com/oTNzqbmZea
— 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) March 18, 2025
A pesar de la decisión del Congreso, el presidente Petro no da su brazo a torcer y ha propuesto una consulta popular para que la ciudadanía decida si está o no de acuerdo con los puntos clave de la reforma. Durante su intervención en la Plaza de Bolívar, rodeado por miles de manifestantes, el mandatario insistió en que la consulta será el mecanismo para llevar adelante sus reformas: «Llegó el momento del pueblo de decidir. La movilización es permanente y creciente». Si la consulta logra el respaldo de más de 13 millones de votantes, se abrirá la posibilidad de revivir la reforma, convirtiendo el debate laboral en un eje clave para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El hundimiento de esta reforma se suma a la larga lista de derrotas que el Congreso le ha impuesto a Petro, pero también deja en evidencia la desconexión de la derecha con las demandas de la ciudadanía. La negativa de estos senadores a debatir un tema fundamental para el país pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿defienden realmente los intereses de los colombianos o solo los de las élites económicas?
