En una entrevista que ya desató un terremoto político, el presidente Gustavo Petro dejó claro que no hay vuelta atrás en su propósito de que el pueblo decida el rumbo del país. Si el decreto de la consulta popular es frenado en la Corte Constitucional o saboteado políticamente, advirtió, la siguiente vía será mucho más profunda: una Asamblea Nacional Constituyente convocada desde las urnas por la ciudadanía.
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“Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo, en elecciones, masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente”, sentenció el jefe de Estado en su conversación con CNN en Español, sacudiendo el tablero político nacional.
Petro, que firmó el decreto de consulta popular el pasado 11 de junio en Cali y lo envió a revisión de la Corte, recalcó que su propuesta tiene base legal en el artículo 33 de la Ley 1757. La consulta, según el mandatario, es un mecanismo legítimo para que los colombianos se pronuncien directamente sobre las reformas laborales, sociales y económicas que el Congreso se ha negado sistemáticamente a debatir.
#Atención. . Gustavo Petro advirtió que si la Corte tumba la consulta popular, irá por 8 millones de firmas.
— La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) June 12, 2025
▪️ Si lo bloquean de nuevo, convocará una Constituyente.
▪️ “No me beneficiará a mí, porque ya estaré terminando mi mandato”, dijo en CNN. pic.twitter.com/LlSJJ9U1Ue
“Si se cae en la Corte, se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta”, anunció Petro. Pero lo más contundente fue su advertencia sobre el siguiente paso: “No me beneficia a mí, porque para esa época ya estaré terminando mi mandato”, aclaró, desmontando de raíz el discurso de quienes lo acusan de querer perpetuarse en el poder.
La sola mención de la constituyente desató el miedo entre los sectores más conservadores del país. Varios voceros de la oposición corrieron a anunciar demandas judiciales contra el decreto de la consulta, mientras que sectores del uribismo y partidos tradicionales presionan para que la Registraduría no lo acoja, invocando mecanismos “de excepción”.
Pero el Gobierno no está solo. El nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respaldó abiertamente la idea de una constituyente popular. “La convocatoria debe surgir del pueblo”, aseguró en entrevista con Blu Radio, al tiempo que afirmó que el actual diseño institucional, surgido de la Constitución de 1991, ya no responde a las necesidades del país. “Algunas instituciones se han convertido en un obstáculo para el cambio social”, sentenció.
Vote si o vote no, el presidente de Colombia acatará lo que decida el pueblo de Colombia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2025
Al senado de la república le solicito no votar en la reforma laboral la construcción de un neoesclavismo en el país con las normas que actualmente están discutiendo.
Ni la constitución… pic.twitter.com/3Rm4UOIXcm
Montealegre explicó que el camino sería claro: una recolección de firmas que represente al 20 % del censo electoral, es decir, al menos ocho millones de ciudadanos, para que el Congreso tenga que responder a una iniciativa de ley popular. Con ello se abriría la posibilidad de reformar el Estado desde su raíz.
Petro, que durante meses intentó el diálogo con los partidos tradicionales, ahora parece decidido a dar voz directa a la ciudadanía. “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo… sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, dijo el mandatario en redes sociales, responsabilizando al Legislativo de bloquear sistemáticamente los cambios que la mayoría votó en 2022.
El anuncio, aunque esperado por algunos sectores del Pacto Histórico, generó pánico en la vieja guardia política. Para muchos, la Constituyente evoca una transformación radical del orden institucional, y eso, precisamente, es lo que propone el Gobierno: una nueva etapa política, con más democracia directa, más justicia social y un Estado verdaderamente al servicio del pueblo.
El próximo 7 de agosto podría ser el punto de partida de esta transformación. Todo depende ahora de la Corte Constitucional… y del pueblo.
