Petro tenía razón: Informe de la DEA concluye que los bombardeos no redujeron el flujo de cocaína a EE. UU. Tras 67 impactos y 221 muertos, la cocaína siguió llegando igual

Una investigación de The Washington Post, basada en una evaluación oficial de la DEA, concluyó que los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico no redujeron el flujo de cocaína hacia ese país, reabriendo el debate sobre una estrategia que dejó más de 220 personas muertas.

La estrategia militar que durante meses fue presentada como uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico terminó enfrentando uno de sus cuestionamientos más fuertes. Una investigación publicada por The Washington Post, sustentada en una evaluación interna de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), concluyó que los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico no lograron reducir el flujo de cocaína hacia territorio estadounidense, un resultado que coincide con las críticas que desde hace meses venía formulando el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El informe conocido por el prestigioso diario estadounidense señala que, pese a los 67 ataques realizados desde septiembre de 2025 dentro de la denominada Operación Lanza del Sur, el suministro de cocaína hacia Estados Unidos no disminuyó, tampoco cayó la pureza de la droga ni aumentó su precio, dos de los principales indicadores utilizados para medir el impacto real de una estrategia antidrogas.

Según la investigación, la propia evaluación de la DEA advierte que los grupos narcotraficantes simplemente modificaron sus métodos de operación para adaptarse a la presión militar estadounidense.

Lejos de desaparecer, las organizaciones criminales abandonaron parcialmente las tradicionales lanchas rápidas y comenzaron a utilizar embarcaciones de mayor tamaño, rutas costeras con menor exposición y, además, incrementaron el transporte aéreo desde pistas clandestinas ubicadas entre Colombia y Venezuela, utilizando corredores que pasan por Guyana y Surinam para evitar la presencia de las fuerzas estadounidenses.

Uno de los funcionarios de la DEA citado por The Washington Post resumió el problema con una frase que rápidamente llamó la atención de analistas internacionales. «Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro. Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan». La investigación también revela que funcionarios del Pentágono reconocieron en una sesión informativa reservada ante legisladores estadounidenses que los ataques «no habían reducido la pureza de la droga», una afirmación que contradice el discurso oficial con el que durante meses fue presentada la ofensiva militar.

Las cifras son igualmente contundentes. De acuerdo con los recuentos citados por The Washington Post, 67 embarcaciones fueron atacadas durante la operación y 221 personas murieron en esos bombardeos. Sin embargo, la evaluación interna concluye que el objetivo estratégico no fue alcanzado. El debate se vuelve aún más delicado porque organismos internacionales vienen cuestionando la legalidad de estas operaciones.

Las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado varios de estos ataques como posibles «ejecuciones extrajudiciales», mientras que Human Rights Watch advirtió recientemente sobre las graves consecuencias que tendría para los países latinoamericanos colaborar en este tipo de operaciones militares.

La organización también reiteró que eliminar garantías fundamentales no constituye una estrategia efectiva para combatir el crimen organizado. Incluso Democracy Now recordó que hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que vincule todas las embarcaciones atacadas con actividades directas de narcotráfico, mientras que el congresista estadounidense Chuy García solicitó una investigación independiente sobre la operación y sus consecuencias.

En Colombia, las conclusiones de la investigación reactivaron un debate que el presidente Gustavo Petro había planteado desde finales del año pasado. El mandatario colombiano cuestionó repetidamente la estrategia militar estadounidense y defendió la necesidad de fortalecer las labores de inteligencia e incautación antes que recurrir a bombardeos que, según advertía, terminarían provocando más violencia sin afectar estructuralmente el negocio del narcotráfico.

«No más bombardeos en el Caribe. La cocaína va por submarino. Nuestro nuevo buque ayudará a incautar más cargamentos», escribió Petro recientemente al presentar una nueva patrullera construida en Colombia. Meses antes, el mandatario también había denunciado la existencia de sobrevivientes tras uno de los ataques ocurridos en aguas del Pacífico y pidió cooperación internacional para su rescate, insistiendo en que las operaciones debían respetar el derecho internacional y la protección de la vida.

Ahora, las conclusiones conocidas por The Washington Post fortalecen el debate sobre la verdadera eficacia de una estrategia basada principalmente en la destrucción de embarcaciones. Mientras el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió la operación asegurando que la adaptación de las organizaciones criminales demuestra que Estados Unidos está generando «fricción sistémica» sobre sus operaciones, la evaluación interna citada por el diario refleja que el negocio del narcotráfico continúa funcionando mediante nuevas rutas y nuevas modalidades de transporte.

El resultado deja abierta una discusión mucho más amplia sobre la política internacional de lucha contra las drogas. Después de cientos de millones de dólares invertidos, decenas de operaciones militares y más de doscientas muertes registradas, la propia información oficial conocida por The Washington Post concluye que la cocaína sigue llegando a Estados Unidos prácticamente con la misma facilidad, mientras las organizaciones criminales continúan adaptándose a cada nueva ofensiva.

La investigación no solo cuestiona la eficacia de la Operación Lanza del Sur, sino que también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para Washington y para toda la región. Si después de 67 ataques, 221 muertos y meses de ofensiva militar el flujo de droga permanece prácticamente intacto, ¿es momento de replantear una estrategia que parece cambiar las rutas del narcotráfico, pero no logra detener el negocio multimillonario que pretende combatir?

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