¡El hallazgo de Ricardo Malagón que sacude la posesión de Abelardo en Cali! La universidad elegida para la ceremonia recibió un préstamo de Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali

La decisión de realizar la posesión presidencial en la Universidad Santiago de Cali reabrió un episodio que parecía olvidado. Archivos periodísticos y declaraciones de la propia institución recuerdan que, en los años noventa, reconoció haber recibido un millonario préstamo vinculado a Miguel Rodríguez Orejuela para superar una profunda crisis.

La elección de la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali como escenario para la posesión presidencial vuelve a poner bajo los reflectores un episodio que durante años permaneció archivado en la memoria del país. Mientras continúan las discusiones por el traslado de la ceremonia fuera de Bogotá, una investigación difundida por el director de Al Punto Colombia, Ricardo Malagón, recordó que esa institución reconoció públicamente, hace casi tres décadas, haber recibido un millonario préstamo del narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.

El tema rápidamente comenzó a generar reacciones en redes sociales, no solo por el pasado histórico de la universidad, sino por el simbolismo que algunos sectores políticos le atribuyen a la decisión de realizar allí uno de los actos institucionales más importantes del Estado colombiano.

En el video publicado por Malagón, el periodista cuestionó la elección del recinto y recordó que, tras varios cambios sobre el lugar de la ceremonia, finalmente se conoció que la posesión se realizaría en la Arena USC, a puerta cerrada. «¿Por qué Abelardo habrá elegido este lugar?», pregunta el comunicador antes de mostrar documentos periodísticos publicados en la década de los noventa.

La referencia principal corresponde a una información divulgada por Caracol Radio y publicada el 22 de julio de 1997, en la que la propia Universidad Santiago de Cali reconoció haber recibido en 1991 un préstamo cercano a 250.000 dólares del narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela. Según esa información, el entonces secretario general de la institución, Jorge Tamayo, explicó en una rueda de prensa que la universidad atravesaba una situación financiera crítica y recurrió al préstamo para evitar la quiebra.

Tamayo sostuvo que la universidad había agotado previamente las posibilidades de obtener créditos con entidades financieras y que Rodríguez Orejuela, quien además era egresado de la institución, aceptó facilitar el dinero. De acuerdo con las declaraciones recogidas en esa época, el directivo afirmó que el entonces empresario «transitaba libremente por los medios sociales» y aseguró que la universidad desconocía procesos judiciales en su contra.

La versión entregada entonces señalaba que no se trató de una donación sino de un préstamo. Incluso explicó que los recursos fueron girados mediante diez cheques a nombre del entonces rector Ricardo Maya Correa, debido a que la universidad no tenía capacidad jurídica suficiente para responder directamente por la obligación.

Ese mismo episodio también fue documentado por El Tiempo, que en julio de 1997 publicó declaraciones del entonces vicerrector académico Uberney Marulanda. Allí insistía en que el dinero había sido un préstamo destinado a adquirir las instalaciones del colegio San Luis Gonzaga, en momentos en que la institución enfrentaba graves dificultades por la pérdida de otra sede donde estudiaba cerca de una tercera parte de sus alumnos.

Las cifras que entregaron entonces los propios directivos muestran la dimensión de aquella crisis. Según las versiones oficiales de la época, la universidad pasó de atender aproximadamente 3.500 estudiantes a contar con cerca de 20.000 alumnos.

Sin embargo, el caso también produjo consecuencias judiciales. El entonces rector Ricardo Maya Correa fue detenido por la Fiscalía dentro de investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito, precisamente porque los cheques utilizados en la operación aparecían a su nombre. La universidad defendió públicamente su actuación y sostuvo que la operación obedeció exclusivamente a la necesidad de salvar financieramente la institución.

Décadas después, ese episodio vuelve a ser objeto de discusión debido a la decisión de realizar allí la posesión presidencial.

Ricardo Malagón afirmó en su publicación que los símbolos alrededor de esa decisión no pasan inadvertidos y cuestionó además los costos logísticos que implicaría trasladar el evento a Cali. En su análisis mencionó el desplazamiento de más de 280 congresistas, gastos en tiquetes aéreos, alojamiento, esquemas de seguridad, transporte de delegaciones internacionales, funcionarios e invitados especiales, además del despliegue operativo necesario para un acto de esta magnitud.

Las preguntas planteadas por el periodista se producen en medio de un debate político que también ha girado alrededor de los cambios de sede, la organización del evento y las explicaciones oficiales sobre los recursos destinados para la ceremonia. Más allá de la controversia política, los documentos históricos citados recuerdan un episodio que efectivamente hizo parte de la historia de la Universidad Santiago de Cali y que fue reconocido públicamente por sus propios directivos en 1997.

En todo caso, la discusión gira alrededor del significado político que algunos sectores atribuyen a la escogencia de este escenario. Mientras continúan las reacciones, la historia de hace más de treinta años vuelve a ocupar espacio en la conversación pública alrededor de la Universidad Santiago de Cali y su financiación por parte de dineros de un narcotraficante.

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