La discusión no gira únicamente alrededor de un decreto ni de una controversia jurídica. Lo que está en juego, según el presidente Gustavo Petro, es la capacidad del Estado para responder a una de las emergencias climáticas más severas que podría enfrentar Colombia en los próximos meses. El mandatario denunció que la suspensión parcial del Decreto 802 de 2026 deja sin financiación varias de las medidas diseñadas para afrontar la llegada del fenómeno de El Niño y advirtió que el tiempo perdido podría traducirse en una tragedia humanitaria.
Le puede interesar: ¡Senador Wally no tuvo piedad y no se guardó nada! Le recordó a Salud Hernández los viejos correos que se enviaba con el paramilitar Carlos Castaño
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro aseguró que la decisión del Consejo de Estado terminó «desfinanciando» el decreto con el que su Gobierno buscaba acelerar inversiones para enfrentar una sequía que, según explicó, comenzaría con fuerza a partir de diciembre y podría extenderse durante tres o cuatro meses. «Lo que viene no es lluvia sino muchísimo sol», escribió el mandatario, que insistió en que Colombia podría enfrentar una megasequía con efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción de alimentos y el sistema energético nacional.
El jefe de Estado sostuvo que las prioridades del decreto eran claras. Garantizar agua potable para Sucre y buena parte de la región Caribe, entregar un subsidio cercano a un billón de pesos para fertilizantes con el propósito de proteger la producción de alimentos y acelerar la instalación de paneles solares en diferentes regiones para evitar riesgos de desabastecimiento eléctrico cuando disminuyan los niveles de los embalses.
Ha surtido efecto el escándalo construido ayer.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2026
Recibimos presiones para no decretar la emergencia por la inminencia del meganiño.
Un magistrado acaba de desfinanciarla por completo olvidando que las obras fundamentales sobre el agua potable y la alimentación que pueden faltar,…
Según Petro, esas acciones debían ejecutarse inmediatamente porque las obras y las inversiones requerían meses de preparación antes de que llegara el periodo crítico de sequía. «Lo que ha hecho Wilson Ruiz Orejuela y el magistrado del Consejo de Estado que desfinanció el decreto de emergencia es perder el tiempo», afirmó el presidente, en una de las frases más fuertes de su pronunciamiento.
La controversia estalló después de que la Sección Primera del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente dos apartes del Decreto 802 de 2026, expedido por el Gobierno para declarar la situación de desastre nacional ante el fenómeno de El Niño. La decisión fue adoptada por el magistrado Pablo Andrés Córdoba al admitir una demanda de nulidad presentada contra esa norma.
El alto tribunal explicó que los apartes suspendidos permitían al Ministerio de Hacienda realizar traslados presupuestales hacia el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sin autorización previa del Congreso. Según el análisis preliminar del Consejo de Estado, esas facultades excedían las competencias del Ejecutivo en tiempos de normalidad constitucional.
Ya un magistrado del consejo de estado salvó el fondo que conducía Angie en el Fondo de Adaptación en una partida pensada para los inviernos y que varios políticos caribeños quieren robar.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 30, 2026
Pero lo que viene no es lluvia sino muchísimo sol.
Se trataba era de frenar las acciones…
La decisión judicial también señaló que la Ley 1523 de 2012 obliga al Estado a garantizar recursos para la gestión del riesgo, pero no autoriza al Gobierno a modificar unilateralmente las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación mediante un decreto ordinario. Mientras el Consejo de Estado defendió la necesidad de proteger el principio de legalidad del presupuesto público, Petro insistió en que la dimensión de la crisis climática exige respuestas excepcionales. «Aún muchos magistrados y un buen sector del país no comprende qué es la crisis climática», escribió el mandatario.
El presidente aseguró que toda la información científica sobre el comportamiento del fenómeno de El Niño fue entregada oportunamente al alto tribunal y sostuvo que desconocer esas advertencias equivale a ignorar la evidencia técnica disponible. En su mensaje también hizo referencia a lo que considera una campaña política y jurídica para frenar las actuaciones de su Gobierno. Petro afirmó que «ha surtido efecto el escándalo construido ayer» y cuestionó la participación de algunos sectores que, según él, promovieron acciones judiciales contra el decreto.
La advertencia presidencial fue aún más lejos cuando habló de las consecuencias que podrían producirse si el próximo Gobierno no adopta rápidamente nuevas decisiones para restablecer la financiación de las medidas previstas. «Si no se financia a tiempo el decreto, ya no se perderá el tiempo, sino que se perderán vidas y entre más tiempo se pierda muchísimas más vidas se perderán», afirmó.
Tendremos una megasequía afectando buena parte del territorio nacional hacia diciembre del 2026 y marzo del 2027
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2026
Es muy probable que nunca se haya observado una sequía de esa magnitud en la historia de Colombia.
Medidas de mediano plazo a tomar y que adelanta ya este gobierno:… https://t.co/kwgEDpghi9
El mandatario expresó además que espera que la administración que asumirá el poder pueda volver a financiar las acciones contempladas mediante los mecanismos previstos en la Ley de Gestión del Riesgo, con el propósito de no detener los programas de prevención frente a la posible sequía.
El enfrentamiento se convirtió así en uno de los últimos grandes choques institucionales del Gobierno saliente. Mientras el Consejo de Estado mantiene suspendidas de manera provisional las facultades extraordinarias para mover recursos, el presidente insiste en que la prioridad debe ser preparar al país para un escenario climático extremo que podría afectar millones de personas, especialmente en regiones vulnerables del Caribe colombiano.
La decisión definitiva sobre la legalidad del decreto aún deberá ser tomada por el Consejo de Estado, pero el debate ya dejó planteada una pregunta que trasciende el escenario jurídico. ¿Llegará Colombia preparada para enfrentar una eventual megasequía o el pulso entre el Ejecutivo y la justicia terminará retrasando medidas que el Gobierno considera urgentes para proteger agua, alimentos y energía? Esa será una discusión que seguirá abierta mientras el fenómeno de El Niño se acerca al país.
