A pesar de que en este momento todos los colombianos permanecen a la expectativa sobre las comunidades que todavía buscan sobrevivientes, las viviendas destruidas y las familias que reclaman ayuda después del terremoto del 10 de agosto, la declaración desde Washington abrió otro frente de preocupación en Colombia. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Abelardo de la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas en territorio nacional para combatir el denominado narcoterrorismo. El anuncio provocó una inmediata reacción en la ciudadanía y en el Congreso.
Le puede interesar: ¡Petro exige activar el Benkos Biohó! Denuncia que el buque hospital está paralizado mientras el pacífico enfrenta la emergencia del terremoto
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del senador Walter Rodríguez, conocido como Wally, quien intervino para cuestionar la decisión y poner sobre la mesa una pregunta de fondo sobre los límites constitucionales del Ejecutivo. “¡HASTA LOS HUESOS ME VOY A OPONER A ESTO!”, escribió Rodríguez en su cuenta de X, antes de resumir su principal cuestionamiento. Según el senador, mientras distintas regiones del país afectadas por el terremoto esperan asistencia, De la Espriella habría avanzado en la autorización de operaciones militares estadounidenses saltándose al legislativo.
“Mientras que la gente en Caldas, en Valle del Cauca, en Risaralda, en Chocó y en otras regiones, está esperando por ayuda y hay ayuda internacional que quiere llegar, el señor Abelardo no la recibe, sino que prefiere recibir al secretario de Guerra de los Estados Unidos para que haga operaciones militares en Colombia, pasando por encima del Senado de la República”, afirmó durante su intervención.
¡HASTA LOS HUESOS ME VOY A OPONER A ESTO!
— Wally. (@MeDicenWally) August 13, 2026
Abelardo autorizó primero la llegada de operaciones militares por parte de Estados Unidos en Colombia, que el ingreso de los rescatistas expertos de diferentes países a departamentos afectados por el sismo del 10 de agosto. pic.twitter.com/1W8zKggMTy
La acusación política de Rodríguez se produjo después de que Hegseth anunciara públicamente que Colombia se incorporará a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, conocida como A3C, y que se convertiría en su integrante número 19. El funcionario estadounidense afirmó que el nuevo Gobierno colombiano ya había solicitado al Departamento de Guerra participar en la lucha contra organizaciones consideradas terroristas. “Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y terror networks”, declaró Hegseth durante el encuentro realizado en Panamá.
La frase encendió inmediatamente el debate político colombiano. No se trata únicamente de cooperación internacional contra el narcotráfico. El punto que genera mayor controversia es qué clase de presencia estadounidense podría producirse en Colombia y bajo qué procedimiento constitucional tendría que autorizarse. Rodríguez llevó precisamente esa discusión al Congreso. En su intervención recordó que el artículo 173 de la Constitución establece entre las funciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. El texto constitucional respalda esa atribución.
El asunto no es completamente nuevo en la historia política colombiana. En 2020, por ejemplo, la presencia de personal militar estadounidense en Colombia también provocó una fuerte controversia institucional y llevó a senadores a reclamar la aplicación del artículo 173, numeral 4. El propio Senado ha registrado antecedentes en los que se discutió la necesidad de determinar si determinadas actividades de militares estadounidenses constituían tránsito de tropas extranjeras.
Precisamente por ese antecedente, el reclamo de Rodríguez adquiere una dimensión que va más allá de una confrontación coyuntural entre Gobierno y oposición. El senador sostiene que el Congreso no puede quedar al margen de una decisión que eventualmente implique operaciones militares extranjeras dentro del territorio nacional. “Para atentar contra el artículo 173 de la Constitución, la Constitución que él dijo que iba a respetar al máximo”, afirmó Rodríguez al referirse a De la Espriella.
¡Esto es muy grave! El ciudadano gringo, Abelardo de la Espriella, autorizó primero la llegada de operaciones militares por parte de Estados Unidos en Colombia que el ingreso de los rescatistas expertos de diferentes países.
— Wally. (@MeDicenWally) August 12, 2026
¿Eso es es estar “firme por la patria”?
Es el Senado… https://t.co/LYSxrpa8Sh
El senador también lanzó fuertes críticas contra la manera como se ha manejado la emergencia nacional. Habló de “pequeñez”, “mediocridad” e “improvisación” y aseguró que el país no puede permitir que la tragedia provocada por el terremoto quede convertida en un escenario para decisiones sin suficiente transparencia. “Todo alrededor de un velo de show, que es absolutamente impresentable para todos los colombianos”, sostuvo.
La controversia también fue alimentada por la reacción del expresidente Gustavo Petro. Desde X, Petro cuestionó que el presidente pudiera autorizar por sí solo operaciones militares extranjeras y sostuvo que la competencia correspondía al Senado y, en determinadas circunstancias, al Consejo de Estado. También hizo una distinción entre cooperación internacional contra el narcotráfico y autorización para realizar acciones armadas en territorio colombiano. “Eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos”, afirmó Petro en uno de sus mensajes.
Otros sectores políticos han expresado preocupaciones similares. Congresistas de oposición han citado el artículo 173 para cuestionar el anuncio estadounidense. Los medios internacionales también registraron que la propuesta de operaciones conjuntas generó críticas relacionadas con la soberanía colombiana y el alcance de la cooperación militar.
El debate adquiere todavía mayor intensidad por el momento en que se produce. El Gobierno apenas inicia su administración y el país enfrenta las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto. En ese contexto, Rodríguez puso especial énfasis en la diferencia entre recibir cooperación humanitaria y autorizar operaciones militares. “Hay ayuda internacional que quiere llegar”, sostuvo el senador, al cuestionar las prioridades del Ejecutivo.
Su intervención también incluyó una advertencia sobre los recursos que serán destinados a atender la emergencia. Rodríguez aseguró que desde su curul y desde la bancada del Pacto Histórico se realizará vigilancia sobre los recursos públicos destinados a la reconstrucción y atención de los damnificados. “Todo lo que viene dentro de lo que se va a financiar para superar esta emergencia, toda la plata que se puede perder en el camino y en los trámites, tengan absoluta seguridad que va a estar vigilada por esta curul y por la bancada del Pacto Histórico”, afirmó.
Declaración política:
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 12, 2026
LA ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA A ESTADOS UNIDOS
Lo advertimos: el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Con el anuncio… https://t.co/NzTPx5PnEU
La declaración deja planteado un doble escenario de control político. Por un lado, el Congreso tendrá que determinar el alcance jurídico de la eventual participación estadounidense en operaciones dentro de Colombia. Por otro, los congresistas deberán vigilar la ejecución de los recursos destinados a responder a la emergencia nacional. El Gobierno colombiano, por ahora, queda en el centro de una discusión que involucra seguridad, soberanía, cooperación internacional y controles constitucionales. El anuncio de Hegseth ha sido presentado desde Washington como un paso hacia una cooperación más estrecha contra las organizaciones criminales.
Pero en Colombia la pregunta que dejó Walter Rodríguez en el Congreso es otra y promete mantener encendido el debate durante los próximos días. ¿Puede el Ejecutivo autorizar operaciones militares extranjeras sin que el Senado intervenga en el proceso? La respuesta jurídica será determinante para establecer hasta dónde llega la nueva alianza de seguridad entre Bogotá y Washington y cuáles son los límites institucionales que deberán respetarse antes de que una cooperación anunciada públicamente se transforme en operaciones militares efectivas dentro del territorio colombiano.
