El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bajo la dirección de Alexandra Falla, decidió cancelar la licitación FTIC-LP-001-2026, un proceso cuyo valor estimado alcanzaba los $1,14 billones y que prometía llevar conectividad de alta capacidad a la Amazonía, una de las regiones históricamente más desconectadas del país. La decisión abrió una pregunta de enorme peso para la nueva administración nacional y que ha circulado ampliamente en redes, ¿se abona el terreno para un nuevo caso de corrupción como el de Centros Poblados?
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La iniciativa contemplaba más de 1.600 kilómetros de fibra óptica por el río Putumayo, 70 kilómetros por el río Amazonas y cerca de 210 kilómetros terrestres, una infraestructura diseñada para conectar aproximadamente 100.000 hogares y 227.000 habitantes de Amazonas y Putumayo. En el papel, significaba mucho más que cables y equipos. Era una apuesta para llevar educación virtual, telemedicina, comercio electrónico y otras oportunidades digitales a territorios donde la geografía ha convertido la conectividad en una deuda histórica.
El Ministerio TIC intentó justificar la cancelación señalando que el proceso presentaba “incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podrían traducirse en graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva”. La ministra Alexandra Falla ordenó cancelar la convocatoria a través de un comunicado en la página de la entidad.
Resulta que Brasil ya tiene todos sus ríos amazónicos con fibra óptica y garantiza conección a ciudades pueblos y aldeas de ríos amazónicos.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2026
Adelanté el proyecto por el río Putumayo y estaba ya financiado y ya lo suspendieron. El atraso tecnológico viene de mentes oscuras en el… https://t.co/HEkkYHB9Fm
Al respecto el Senador Alejandro Ocampo cuestionó la cancelación y lanzó una fuerte advertencia en X. “Cancelaron licitación para acomodarla para un contratista amigo”, afirmó, asegurando que fuentes del Ministerio le hablaron de posibles nuevos pliegos para “unos señores de la costa”. El congresista pidió revisar si se estaría repitiendo un caso como el de Abudinen.
La comparación apunta al escándalo de Centros Poblados, que terminó con la salida de la entonces ministra TIC Karen Abudinen tras las irregularidades alrededor de un contrato de conectividad rural por $1,07 billones. Ocampo advirtió que podría repetirse aquella historia y que “la plata del internet de los más pobres termina perdida”. Por supuesto, sus señalamientos corresponden a una denuncia política que deberá ser comprobada.
El proyecto para llevar internet de calidad a la Amazonía había sido diseñado inicialmente por $683.000 millones, de acuerdo con el CONPES 4167 de 2025. Sin embargo, la actualización realizada mediante el CONPES 4195 de 2026 llevó el valor hasta aproximadamente $1,14 billones, un incremento de 67,1 % frente al monto original. El Gobierno anterior tuvo que aumentar el presupuesto después de analizar las condiciones del mercado, pues se requería una actualización necesaria de costos. En este contexto, cancelar el proceso no elimina la necesidad que pretendía solucionar. La Amazonía sigue necesitando internet.
De hecho, el proyecto había avanzado considerablemente durante 2025 y 2026. En octubre de 2025 fue declarado de importancia estratégica mediante el CONPES 4167, con una inversión inicial de $683.170 millones para el periodo 2026-2035. Posteriormente, el CONPES 4195, aprobado en mayo de 2026, actualizó el proyecto y dejó su valor en $1.141.744.618.674, además de incorporar vigencias futuras por 10,5 años.
¿Por qué les da felicidad que hayan cancelado la posibilidad REAL de desplegar 1.880 kilómetros de fibra óptica para conectar Leticia, Puerto Nariño, Tarapacá, Puerto Alegría, El Encanto y Puerto Arica, en Amazonas; y Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel, en Putumayo?… https://t.co/w7AEfPxFux
— Mafe Rojas (@maferojas) August 19, 2026
En marzo de este año, el entonces Ministerio TIC había presentado los prepliegos de la licitación FTIC-LP-001-2026 y hablaba del proyecto como un paso fundamental para cerrar la brecha digital. La entonces ministra Carina Murcia afirmó que se trataba de una oportunidad para “saldar una deuda histórica” con la Amazonía. También explicó que los 1.600 kilómetros por el Putumayo, los 70 kilómetros por el Amazonas y los cerca de 210 kilómetros terrestres permitirían conectar alrededor de 100.000 hogares.
El contraste resulta inevitable. Hace apenas unos meses el Gobierno presentaba la iniciativa como una obra estratégica y con financiación asegurada. Ahora, la administración entrante la considera demasiado riesgosa para continuar con el proceso contractual.
El expresidente Gustavo Petro no dejó pasar la decisión. En X cuestionó duramente al nuevo Gobierno y sostuvo que Brasil ya cuenta con fibra óptica en sus ríos amazónicos. “Adelanté el proyecto por el río Putumayo y estaba ya financiado y ya lo suspendieron”, escribió. Su conclusión fue todavía más agresiva. “El atraso tecnológico viene de mentes oscuras en el gobierno”, afirmó.
La instalación de fibra óptica en los ríos amazónicos implica desafíos relacionados con el caudal, la sedimentación, las corrientes, los cambios del lecho y las dificultades para acceder a determinados puntos de la infraestructura. El propio proyecto requería una logística extraordinariamente compleja. No se trataba simplemente de tender fibra a través de una carretera. Había que trabajar en una región donde el río es, al mismo tiempo, vía de transporte, frontera, territorio indígena y ecosistema altamente sensible.
Por otro lado, hay un elemento que no puede pasar inadvertido. El diseño buscaba conectar la red colombiana con infraestructura brasileña, creando un corredor internacional de datos. El proyecto pretendía integrar Amazonas y Putumayo con la red nacional y con Brasil, e incluso generar rutas de redundancia internacional mediante la conexión con infraestructura de telecomunicaciones existente.
Atención: cancelaron licitación para acomodarla para un contratista amigo.
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) August 18, 2026
Me dicen fuentes del Ministerio que la idea es amarrar los pliegos para unos señores de la costa.
Ojo se repite lo de Abudinen y la plata del internet de los más pobres termina perdida https://t.co/l4pyh2lrMv
Cancelar la licitación, por tanto, no significa únicamente retirar un proceso del SECOP. Significa detener una estrategia de conectividad que llevaba meses de estructuración y que representaba una de las grandes apuestas de infraestructura digital del país. La ministra Falla tiene que explicar qué ocurrirá después. Si supuestamente los problemas son financieros, técnicos, ambientales y de cobertura, la ciudadanía necesita conocer cuáles son exactamente esos problemas, cuánto costará corregirlos y cuánto tiempo tardará una eventual nueva estructuración. Porque el riesgo contrario también es enorme. Que una licitación tenga problemas no significa necesariamente que la solución sea abandonar el objetivo.
Los habitantes de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel, Leticia, Puerto Nariño, Tarapacá, Puerto Alegría, El Encanto y Puerto Arica no necesitan solamente diagnósticos. Necesitan saber cuándo tendrán una conexión estable y qué proyecto reemplazará al que acaba de ser cancelado. Esta decisión deja una deuda política difícil de ignorar. Los 100.000 hogares que aparecían como beneficiarios seguirán esperando que alguien les explique qué sucederá ahora.
