La palabra “cancelado” quedó bajo la lupa. La Contraloría General de la República decidió poner la lupa sobre la determinación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, de frenar el proyecto de fibra óptica para la Amazonía, una iniciativa que durante el gobierno de Gustavo Petro fue presentada como estratégica para cerrar una de las brechas digitales más profundas del país. El organismo de control no se limitó a recibir el anuncio oficial y ahora exige documentos, razones, cifras y explicaciones concretas sobre lo ocurrido.
Le puede interesar: ¡Casi la asesinan! Naylea Barros, excandidata del Pacto Histórico, denuncia que hombres armados dispararon contra su vehículo en Santa Marta tras más de tres meses de amenazas
Le puede interesar: ¡Quieren frenar el San Juan de Dios! Procuraduría pone en jaque la obra y revive la pesadilla de dejar en el abandono al histórico hospital de los más pobres
La carta enviada a la ministra Alexandra Falla cobra especial importancia porque se trataba de una intervención de enorme alcance territorial que contemplaba desplegar 1.880 kilómetros de fibra óptica, incluyendo aproximadamente 1.600 kilómetros por el río Putumayo, 70 kilómetros por el río Amazonas y cerca de 210 kilómetros terrestres. El objetivo era llevar conectividad a cerca de 100.000 hogares y beneficiar a unos 227.000 habitantes de la Amazonía.
Es decir, detrás de las cifras existen comunidades que durante años han tenido que enfrentar las consecuencias del aislamiento geográfico y de una infraestructura digital insuficiente. Por eso resulta relevante que la Contraloría haya decidido preguntar qué ocurrió realmente.
El organismo recordó que ya había advertido al Gobierno entrante sobre “la especial relevancia del proyecto”, precisamente por su importancia estratégica y por el impacto que tendría en la conectividad, el acceso a las tecnologías de la información y la reducción de la brecha digital.
#Nación | La Contraloría (@CGR_Colombia) pidió explicaciones a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, tras la cancelación de la licitación que buscaba llevar fibra óptica a la Amazonía. Además, se pidió explicar las alternativas de conectividad que se planean para esta región.… pic.twitter.com/aGQUxncfsb
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 24, 2026
El proyecto había sido diseñado inicialmente por $683.000 millones, de acuerdo con el Conpes 4167 de 2025. Posteriormente, luego de la revisión a los ajustes en el mercado, su valor pasó a $1,14 billones, un incremento del 67,1 %, según el Conpes 4195 de 2026.
Ese aumento fue uno de los elementos que el MinTIC tuvo en cuenta para sustentar su determinación. El Ministerio señaló que encontró “incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podrían traducirse en graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva”. Pero precisamente ahí aparece una de las claves de la intervención de la Contraloría. El ente de control quiere conocer los estudios y documentos que sustentaron esas conclusiones.
No basta con decir que existían riesgos. Hay que demostrar cuáles eran, cómo fueron calculados, qué alternativas se analizaron y qué ocurrió con los avances realizados antes de tomar la decisión. La Contraloría solicitó información “oficial, actualizada y debidamente soportada” sobre el estado del proyecto. También pidió conocer su nivel de ejecución, los avances de la planeación y los estudios previos, la situación financiera y presupuestal, la gestión de riesgos, la justificación técnica, el costo de oportunidad y el impacto socioeconómico.
Uno de los puntos más llamativos es que el organismo de control quiere saber qué significa jurídicamente la palabra “cancelado”. La Contraloría pidió precisar si la decisión representa una terminación definitiva, una suspensión, un desistimiento, una reformulación, una modificación del alcance, la terminación de instrumentos contractuales o incluso la sustitución por otra iniciativa.
¡Abelardo apaga la conexión! Cancelar la fibra óptica para Amazonas y Putumayo no es “ahorrar”: es condenar a miles de familias al aislamiento digital. Mientras el país necesita más conectividad, el nuevo Gobierno cancela proyectos. ¿Ese es el amor a la patria que prometieron? pic.twitter.com/1qZpV6pGAn
— Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) August 20, 2026
También solicitó identificar el documento jurídico mediante el cual se formalizó la decisión, su fecha, la autoridad que la adoptó y los fundamentos utilizados. Se destaca precisamente este aspecto del requerimiento, pues la Contraloría busca determinar los efectos jurídicos, técnicos, contractuales, presupuestales y financieros de la decisión.
La carta también pregunta qué ocurrirá con todo aquello que ya se había adelantado. El Ministerio deberá informar sobre las actuaciones y avances previamente ejecutados, así como sobre el estado de los componentes técnicos, jurídicos, administrativos y contractuales. Es ahí donde la defensa del interés público adquiere todo su peso. Una obra puede detenerse, reformularse o incluso reemplazarse, pero los recursos públicos, los estudios realizados y los compromisos adquiridos no pueden desaparecer simplemente detrás de un comunicado.
El antecedente político del proyecto también es significativo. En enero, el expresidente Gustavo Petro había insistido públicamente en la necesidad de conectar a Leticia mediante fibra óptica. Durante la inauguración de un radar 3D en Leticia, el entonces presidente reclamó que el proyecto avanzara y recordó conversaciones con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Leticia tiene la fibra óptica aquí al frente en el río Amazonas. Eso lo hablé con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula, él prometió ayudarnos”, afirmó Petro,.
La preocupación del entonces mandatario estaba relacionada con una realidad concreta. La infraestructura necesaria para conectar la Amazonía no podía seguir esperando indefinidamente. El proyecto pretendía conectar municipios y territorios dispersos de Amazonas y Putumayo. En Amazonas estaban contemplados Leticia, Puerto Nariño, Tapacará, Puerto Alegría, El Encanto y Puerto Arica. En Putumayo aparecían Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel.
#LaSillaAmazonía | La @CGR_Colombia le pidió explicaciones al @Ministerio_TIC por la cancelación del proyecto de fibra óptica para la Amazonía. El proyecto iba a beneficiar a 227 mil habitantes de la Amazonía.https://t.co/vF1Ci9nERA
— La Silla Vacía (@lasillavacia) August 25, 2026
La iniciativa representaba una apuesta por acercar educación, salud, comunicaciones, comercio y servicios digitales a poblaciones que durante décadas han tenido enormes dificultades para acceder a ellos. La decisión del MinTIC, por tanto, abrió un debate que va mucho más allá de una licitación. La ministra Alexandra Falla deberá explicar qué alternativa existe para garantizar que el objetivo de cerrar la brecha digital no termine también cancelado.
La Contraloría, por lo tanto, está exigiendo que una decisión de semejante magnitud pueda ser entendida, documentada y comprobada. El país necesita saber qué se hizo, cuánto avanzó, cuánto se gastó, qué compromisos quedaron pendientes, qué riesgos fueron detectados y, sobre todo, cuál será el camino para que la Amazonía no vuelva a quedar al final de la fila.
La carta del organismo de control pone sobre la mesa una exigencia elemental. Si se cancela una iniciativa de $1,14 billones que pretendía llevar conectividad a más de 200.000 habitantes, las explicaciones deben ser tan grandes como la decisión tomada. La Amazonía no puede quedarse únicamente con anuncios, estudios archivados y promesas de conectividad.
La Contraloría hizo las preguntas que ahora esperan respuesta. Y esas respuestas deberían permitir establecer si la cancelación significa realmente el final del proyecto o si, como pidió el organismo de control, existe otra ruta para garantizar que la conectividad prometida finalmente llegue a quienes más la necesitan.
