El San Juan de Dios es uno de los símbolos más poderosos de la salud pública colombiana y su recuperación vuelve a tropezar, a manos de la Procuraduría General de la Nación, con una disputa contractual que amenaza con retrasar una obra de $292.914 millones. Para el expresidente Gustavo Petro, el asunto va mucho más allá de una licitación. Se trata de impedir que un hospital históricamente ligado a la atención de los sectores más pobres vuelva a quedar condenado al abandono.
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La Procuraduría pidió el 19 de agosto suspender el proceso para la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil, argumentando posibles irregularidades relacionadas con la financiación, la evaluación de los proponentes y los principios de publicidad e igualdad. Esto después de que el proceso se había adelantado correctamente y se proyectara su inicio. Y es precisamente por la magnitud del proyecto que cualquier decisión que vuelva a detenerlo genera preocupación entre quienes han defendido durante años la recuperación del complejo que salvó tantas vidas en el pasado.
En este contexto, el expresidente Petro, quien siempre ha defendido el hospital, reaccionó públicamente y lanzó un duro mensaje al procurador. “Procurador usted al pedir la anulación de la licitación de construcción de la torre central del San Juan de Dios de Bogotá hiere la historia de la salud pública en Colombia”, escribió el presidente en su cuenta de X. Su reclamo fue todavía más contundente al recordar la importancia histórica del hospital. “En ese hospital se atendieron a los pobres de Colombia y es joya de la salud del mundo”, afirmó.
Procurador usted al pedir la anulación de la licitación de construcción de la torre central del San Juan de Dios de Bogotá hiere la historia de la salud pública en Colombia
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 19, 2026
En ese hospital se atendieron a los pobres de Colombia y es joya de la salud del mundo.
Esa licitación… https://t.co/4gNLyso8af
El exmandatario también sostuvo que la licitación responde a una orden judicial y pidió que la ciudadanía y la justicia defiendan el proyecto. “Esa licitación es orden de un fallo judicial y le solicito a la justicia y al pueblo de Bogotá defender al San Juan de Dios de la política de la oscuridad y la muerte que se están adelantando”, señaló.
La investigación sobre el proceso muestra que existen controversias documentales y empresariales que deben ser revisadas, pero también plantea interrogantes sobre quién impulsó algunas de las denuncias y cuáles eran sus intereses.
Uno de los elementos más llamativos aparece al revisar los antecedentes de las dos convocatorias realizadas para el proyecto. En la Invitación Pública 016 de 2026, el Consorcio San Charbel fue el único oferente, pero su propuesta fue rechazada y el proceso terminó declarado fallido. Apenas minutos después de esa decisión se publicaron los documentos de la nueva Invitación Pública 024, con cambios relevantes en los requisitos de experiencia.
La diferencia fue considerable. La experiencia total de obra exigida pasó de 164.544 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 100.000, mientras que el requisito de un contrato individual mínimo de aproximadamente $28.810 millones fue eliminado. También se redujo el área mínima de reforzamiento y se modificó el periodo exigido para acreditar experiencia en bienes de interés cultural.
Entrego el área de atención primaria y preventiva del hospital San Juan de Dios de Bogotá en pleno proceso de restauración, proceso que completa 2,5 billones de pesos de mi gobierno.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026
Este hospital es el corazón de la paz y de la salud pública de Colombia con 5 siglos de… pic.twitter.com/3aYKTAeJ5E
En esa segunda convocatoria apareció la Unión Temporal San Juan de Dios 2026, liderada por DISICO S.A. con una participación del 65 por ciento. Sin embargo, su propuesta terminó rechazada por razones técnicas. La investigación señala que DISICO tenía, por tanto, un interés económico directo en el resultado del proceso.
Aquí aparece uno de los capítulos más delicados del expediente. La documentación revisada identifica dos versiones de una certificación atribuida a la misma entidad pública, correspondientes al mismo contrato y con la misma fecha, pero con alcances diferentes. Una versión incorporaba actividades adicionales como “ajuste diseños”, “licencia de construcción”, “para el bien de interés cultural” y “actualización a NSR 10”.
Esas diferencias terminaron siendo determinantes para el rechazo técnico de la oferta de la Unión Temporal liderada por DISICO. La investigación, sin embargo, advierte que la existencia de las dos certificaciones requiere una explicación y que corresponde a las autoridades establecer cuál fue oficialmente expedida y cuál es el soporte de las actividades adicionales.
Pero el expediente no termina ahí. También aparecen comunicaciones alrededor de Andrey Montes, quien inicialmente cuestionó a GEO Construcciones y posteriormente presentó una declaración extrajuicio en la que afirmó que sí pertenecía a esa compañía, que conocía su participación en la Invitación Pública 024 y que autorizó el uso de su experiencia. Para respaldar esa versión aportó, entre otros documentos, actas, RUP de varios años y un reporte de beneficiarios finales de la DIAN.
La atención primaria del Hospital San Juan de Dios en Bogotá ya podría abrirse a miles de pacientes de la ciudad, y en la prevención del cancer.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026
Pero la alcaldía decidió no habilitar aún los servicios de salud disponibles ya pic.twitter.com/2io7OAPTpD
La investigación incluso documenta mensajes posteriores atribuidos a personas relacionadas con DISICO. El 12 de agosto, según los documentos revisados, Nelson Ríos contactó a Montes apenas 67 minutos después de que este remitiera una rectificación a la entidad. Horas después, Ríos habría enviado mensajes al representante legal de San Charbel con expresiones como “se hundirá con ellos”, “aún tiene cómo resolver” y “proteja su empresa”.
La investigación estima que una decisión posterior que afecte la aceptación de la oferta de San Charbel podría generar una reclamación contra la Nación cercana a los $40.000 millones. Y ahí aparece el verdadero riesgo para Bogotá. El país puede discutir durante meses quién tuvo la razón en cada documento, quién denunció a quién y si hubo errores en el proceso. Pero cada día de disputa contractual también puede significar más tiempo para un hospital que lleva años esperando volver a prestar servicios.
El San Juan de Dios fue concebido para atender a quienes más necesitaban atención médica. Su recuperación se convirtió además en una de las apuestas emblemáticas del gobierno de Petro. Por eso, para sus defensores, detener el proceso no es un asunto meramente administrativo. Es el riesgo de que otra vez la burocracia, las disputas empresariales y las decisiones políticas terminen imponiéndose sobre la necesidad de recuperar una infraestructura sanitaria histórica.
La Procuraduría sostiene que deben revisarse las advertencias antes de avanzar, y esa revisión no puede ser ignorada cuando están comprometidos casi $293.000 millones de recursos públicos. Pero revisar no debería convertirse automáticamente en abandonar. Investigar no debería equivaler a sepultar el proyecto. Por eso, para la ciudadanía y para el expresidente, es necesario defender el hospital y exigir que la obra avance. Ahora las entidades responsables deberán demostrar que pueden garantizar transparencia sin convertir las observaciones contractuales en una nueva excusa para mantener en pausa uno de los proyectos hospitalarios más esperados de la capital.
Si después de tantos años el San Juan de Dios vuelve a quedar encerrado entre expedientes, denuncias y controversias, la pregunta no será solamente quién ganó una licitación y quién se beneficiaría deteniendo el proyecto. Será quién terminó pagando el precio de que el hospital histórico de los colombianos siguiera esperando.
