Naylea Barros pudo haber terminado asesinada la noche del 24 de agosto en Santa Marta. La excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico denunció que hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba junto a una prima, en un ataque que, según su propio relato, se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones. Los disparos impactaron precisamente una zona del automóvil ubicada detrás del asiento que ella había ocupado minutos antes.
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El episodio ocurrió pasadas las 9 de la noche, cuando Barros se desplazaba hacia el barrio Bavaria. Según el comunicado difundido por la dirigente, poco antes había dejado a sus padres en su vivienda y posteriormente continuó el recorrido con su familiar, quien viajaba en el asiento del copiloto. La situación cambió de manera abrupta cuando descendían del puente del Minuto de Dios. Allí, sujetos desconocidos realizaron varias detonaciones contra el automóvil. Los impactos alcanzaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del lugar donde Barros había estado sentada minutos antes.
La escena descrita por la dirigente tiene un elemento especialmente estremecedor. Barros explicó que había cambiado de posición dentro del vehículo después de dejar a sus padres. De no haberlo hecho, los disparos habrían alcanzado una zona directamente detrás del asiento que ocupaba momentos antes.
¡ALERTA!
— Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) August 25, 2026
Acaban de atentar contra nuestra compañera @Nayleabarros en la ciudad de Santa Marta.
Se movilizaba en su vehículo particular con una prima cuando hombres armados y en motocicleta le dispararon. Gracias a Dios salieron ilesas.
Naylea es líder del @PactoCol en… pic.twitter.com/tP3X751aEa
Tras escuchar las detonaciones y observar los impactos, Barros y su prima emprendieron la huida. La dirigente relató que continuaron la marcha a toda velocidad y en contravía mientras solicitaban ayuda a la Policía. La operadora les indicó que se desplazaran rápidamente hacia un sitio seguro y finalmente llegaron a la bomba de Primero de Mayo, donde fueron auxiliadas por uniformados.
Las dos mujeres resultaron ilesas. Pero para Barros, el ataque no puede analizarse como un episodio aislado. La dirigente aseguró que desde hace más de tres meses viene enfrentando mensajes amenazantes e insultantes a través de sus redes sociales y WhatsApp. Según su denuncia, varios de esos mensajes fueron enviados desde cuentas que posteriormente desaparecieron. La situación, además, habría alcanzado a personas de su entorno. Barros aseguró que las intimidaciones también han recaído sobre personas cercanas a ella y que incluso ha recibido llamados para que abandone o se abstenga de continuar con procesos políticos y sociales en los que participa.
El contexto convierte el ataque en un hecho especialmente grave para una mujer que ha mantenido una participación activa en la política y el activismo del Magdalena. Carlos Gómez, senador de la República, confirmó públicamente el atentado y pidió protección inmediata para la dirigente. “Acaban de atentar contra nuestra compañera @Nayleabarros en la ciudad de Santa Marta”, escribió Gómez en X.
Gómez destacó además la importancia política de Barros dentro del Pacto Histórico en el Magdalena. Según su publicación, fue la mujer más votada de esa colectividad en el departamento y obtuvo la segunda votación del partido, una circunstancia que pone todavía más presión sobre las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El dirigente terminó su mensaje con una pidiendo a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección garantizar de inmediato la seguridad de Barros.
Quieren asesinar a Naylea Barros por denunciar la corrupción en Santamarta.
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) August 25, 2026
Exijo a la @UNPColombia brindar protección inmediata y a la @FiscaliaCol una investigación inmediata para dar con los responsables pic.twitter.com/RJ7ldF2SDC
La propia Barros también elevó el tono de su denuncia. “Afortunadamente y por la obra de DIOS estoy viva”, afirmó, antes de recordar que el atentado se suma a los meses de amenazas que ha venido soportando. Su mensaje no fue solamente una denuncia de seguridad. También fue una defensa de su derecho a participar en política y expresar sus posiciones. “La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente”, sostuvo. Y lanzó una frase que resume su postura frente a quienes pretendan intimidarla. “NO ME VAN A CALLAR!”.
La dirigente también cuestionó el ambiente de confrontación que, según ella, ha contribuido a convertir la diferencia política en una amenaza. En su comunicado afirmó que atentar contra una mujer que decidió ejercer la política y el activismo “no es un hecho aislado” y lo relacionó con un clima en el que, desde su perspectiva, se ha normalizado la estigmatización y el “destripamiento mediático y político” de quienes piensan diferente.
Es una acusación política fuerte, pero también un llamado de atención sobre una realidad que no puede ser ignorada. Una cosa es la confrontación democrática, el debate duro y las críticas contra dirigentes públicos. Otra muy distinta es que una persona termine bajo amenaza o que su vehículo sea atacado con armas de fuego. Barros hizo además un llamado a quienes, según ella, han contribuido consciente o inconscientemente a alimentar la estigmatización en su contra. “La palabra también tiene consecuencias”, afirmó.
La frase adquiere especial relevancia después de que la dirigente denunciara que durante meses recibió mensajes intimidantes desde cuentas que luego desaparecían. Las autoridades tendrán ahora la responsabilidad de determinar si existe una conexión entre esas amenazas y el ataque ocurrido el 24 de agosto, así como identificar a los responsables materiales e intelectuales del hecho, si los hubiera.
‼️ Afortunadamente y por la obra de DIOS estoy viva, pero este hecho se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mi.
— • Naylea • (@Nayleabarros) August 25, 2026
Rechazo categóricamente cualquier forma de violencia y exijo a las autoridades una… pic.twitter.com/PzcyopCX3K
Barros exigió una investigación exhaustiva por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía y reclamó garantías para ella y su familia. No se trata solamente de establecer quién disparó contra el vehículo. También será necesario determinar si existía un seguimiento previo, si los atacantes conocían sus movimientos y si las amenazas anteriores forman parte de un mismo contexto.
La dirigente dejó claro que no piensa abandonar su actividad política, periodística y social. “Continuaré con mi labor periodística, política y social”, aseguró. También sostuvo que su compromiso con la población del Magdalena y de Santa Marta permanece intacto.
Ese mensaje resulta especialmente relevante porque el objetivo de cualquier amenaza política es precisamente provocar miedo, aislamiento y silencio. Si una persona modifica sus actividades por temor a ser atacada, quienes utilizan la violencia terminan consiguiendo una parte de su propósito incluso sin necesidad de volver a disparar. Por eso el caso de Naylea Barros merece una respuesta institucional contundente. No basta con registrar la denuncia ni con condenar públicamente el ataque. Es necesario investigar, esclarecer y establecer responsabilidades.
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de convertir las diferencias políticas en enfrentamientos personales. La historia reciente del país está marcada por dirigentes, periodistas, líderes sociales y activistas que terminaron pagando con su vida sus posiciones políticas. Barros sobrevivió. Su prima también. El vehículo quedó con impactos de bala y ahora constituye una pieza fundamental para la investigación. Pero la historia no debería terminar allí. La protección de Naylea Barros, el esclarecimiento del ataque y la identificación de quienes dispararon deben estar por encima de cualquier cálculo político.
