¿Adiós al Metro de Bogotá? Abelardo le mete mano a $750.000 millones de la Línea 1 del metro y a la calle 13 para tapar otros supuestos huecos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende destinar 750.000 millones de pesos previstos para el metro y la calle 13 a otras prioridades nacionales. La decisión compromete recursos de Bogotá y reabre cuestionamientos al alcalde Carlos Fernando Galán, aunque Hacienda asegura que los aportes serán reprogramados, no eliminados.

El metro de Bogotá vuelve a quedar atrapado en una disputa por miles de millones de pesos. Abelardo de la Espriella pretende utilizar $313.000 millones previstos para la primera línea del sistema ferroviario y otros $437.000 millones de la calle 13. Son $750.000 millones que dejarían de financiar esas obras durante 2026 para atender otros temas.

La controversia también alcanza al alcalde Carlos Fernando Galán, quien tendrá que explicar cómo garantizará la continuidad de los proyectos. Aunque el Ministerio de Hacienda sostiene que los recursos no desaparecerán, el Gobierno pretende utilizarlos para enfrentar la crisis energética. La decisión genera cuestionamientos sobre el manejo de Abelardo a los compromisos financieros adquiridos con Bogotá.

El traslado forma parte de una modificación al Presupuesto General de la Nación por $3,9 billones, presentada ante el Congreso. Según explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el Ejecutivo necesita reorganizar partidas para responder a la emergencia energética, las dificultades financieras de Air-e y las necesidades de reconstrucción ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto.

De los $3,9 billones solicitados, $1,2 billones se destinarían a enfrentar los problemas del sector eléctrico y $2,7 billones al Fondo Milagro. Los $750.000 millones correspondientes a Bogotá forman parte de las apropiaciones que el Gobierno busca reutilizar durante 2026. La propuesta requiere autorización legislativa.

La decisión afecta dos proyectos estratégicos para la movilidad de la capital. La primera línea del metro registraba un avance general del 83,73 % al cierre de septiembre de 2026, según la Empresa Metro de Bogotá. La calle 13, por su parte, constituye uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y el occidente de Cundinamarca.

El ministro Miguel Gómez Martínez quiso defender el traslado argumentando que los desembolsos habían sido reprogramados durante el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, los antecedentes muestran que los ajustes financieros también involucraron a la administración distrital. El 31 de octubre de 2025, mediante el otrosí número cinco, representantes de los ministerios de Hacienda y Transporte acordaron con Carlos Fernando Galán modificar el calendario de aportes nacionales. El documento estableció que esos cambios no afectarían la sostenibilidad financiera ni las metas del proyecto.

La participación de Galán en esos acuerdos abre interrogantes sobre su responsabilidad en la planeación financiera del metro. Su administración aceptó modificaciones al calendario de desembolsos, bajo el argumento de que permitirían reorganizar los recursos sin comprometer la ejecución de las obras.

La crisis energética es el principal argumento utilizado por Abelardo para defender la reasignación. El Gobierno pretende fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, encargado de atender obligaciones relacionadas con las generadoras térmicas. Hacienda advierte que las dificultades financieras de Air-e y el fenómeno de El Niño representan riesgos para el abastecimiento eléctrico en la Costa Caribe.

Los otros $2,7 billones solicitados servirían para financiar el Fondo Milagro y la reconstrucción en 16 departamentos afectados por el terremoto. El Ejecutivo espera obtener esos recursos de ingresos tributarios extraordinarios. La Dian certificó un recaudo de $1,1 billones hasta el 24 de octubre, mientras el Gobierno proyecta recibir nuevos ingresos antes del 19 de noviembre.

Para Abelardo y Galán, la controversia deja una exigencia concreta. Los bogotanos necesitan conocer cuándo llegarán los aportes nacionales y cómo se garantizará el cronograma de construcción. El uso de $750.000 millones previstos para proyectos capitalinos obliga a explicar con transparencia las decisiones presupuestales.

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