Cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, 18 heridos y 177 viviendas afectadas. Esa es la dimensión de la tragedia de Planadas que encendió los cuestionamientos contra la gobernadora Adriana Magali Matiz. Luisa Bohórquez confrontó a la mandataria por sus señalamientos contra el anterior Gobierno Nacional y reclamó respuestas reales frente a los problemas y graves situaciones que enfrenta actualmente el departamento.
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La abogada y periodista Luisa Bohórquez cuestionó el respaldo de Adriana Matiz a la política de seguridad de Abelardo de la Espriella, basada en una estrategia de confrontación armada que, según sus críticos, expone a la población civil. La tragedia de Planadas reavivó las preguntas sobre las consecuencias de privilegiar las operaciones militares sin garantizar protección a las comunidades del sur del Tolima. Bohórquez enfatizó en su mensaje que, en estos meses, “ahora todos también percibimos la violencia, el terrorismo y la guerra, retrocedemos décadas”.
En un video difundido en Instagram, Bohórquez cuestionó que Adriana Matiz encuentre tiempo para intervenir en medios de comunicación y responsabilizar al expresidente Gustavo Petro por la inseguridad, pero no haya resuelto la situación laboral de trabajadores de un hospital del Tolima. La crítica amplió el debate hacia las obligaciones administrativas de la Gobernación.
De La Paz Total al caos, desde el corazón de Colombia; el Tolima vive los resultados nefastos de un gobierno ilegítimo que sacudió lo que durante tantos años se construyó a través de La Paz. Las amenazas, el discurso violento y la provocación dejan como resultado la muerte de un bebé, la destitución de familias enteras que hoy vuelven a vivir el flagelo de la guerra desde Planadas Tolima. Que ahora se intensifica con más violencia porque la respuesta de la gobernación del Tolima es militarizar la zona, exponer a la fuerza pública y nunca más lograr un acuerdo de paz ❤️🩹
— LuisaBohorquez (@luisafbohorquez) November 3, 2026
La controversia se intensificó después del atentado del primero de noviembre en Planadas. Según el balance divulgado por la Gobernación, cuatro civiles murieron y 18 resultaron heridos. Entre las víctimas había dos menores de edad. Las explosiones también afectaron 177 viviendas, de las cuales 23 quedaron destruidas, y ocasionaron daños en aproximadamente el 80 % del hospital transitorio.
Entre los fallecidos fueron identificados Joseph Sánchez y su hija de dos meses, Dúver Forero y la joven deportista Juliana Olaya. La tragedia dejó además a una madre de 19 años sin su hija y sin su compañero sentimental. Las consecuencias del ataque evidencian la urgencia de proteger a las familias expuestas a la violencia.
Las autoridades atribuyeron preliminarmente el atentado a las estructuras Gerónimo Galeano e Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc. Los responsables habrían utilizado diez cilindros bomba de 120 libras, nueve de los cuales explotaron. La investigación debe establecer las responsabilidades individuales y esclarecer cómo los artefactos terminaron impactando sectores residenciales cercanos a una instalación militar.
Más arrepentidos de haber votado por Abelardo de la Espriella, la derecha que empobrece al pueblo, esta vez se trata de un empresario que daba la vida por quien ahora le golpeó lo más sagrado a los seres humanos: la comida 🥘 Ibagué y el Tolima no solamente enfrentan el recorte de recursos para inversión: ahora la propuesta de reforma tributaria plantea aumentar del 5 % al 19 % el IVA a los alimentos, una razón más para replantear a quien esta apoyando usted en las nuevas elecciones 🗳️ 🚩🚩🚩🚩
— LuisaBohorquez (@luisafbohorquez) November 4, 2026
Bohórquez recordó su experiencia en Ataco y aseguró que durante su visita había percibido un ambiente de tranquilidad. En su intervención defendió los avances de la construcción de paz y cuestionó que se atribuya la responsabilidad al Gobierno anterior. Su posición también abrió interrogantes sobre las estrategias actuales contra la minería ilegal y sus consecuencias territoriales.
El debate sobre Ataco tiene antecedentes especialmente graves. El 31 de octubre, la Procuraduría pidió reforzar la protección de la población civil después de que se registraran 11 homicidios en menos de una semana. La entidad reclamó medidas preventivas, atención humanitaria y garantías de seguridad para comunidades rurales, estudiantes, docentes y directivos de establecimientos educativos.
La exrepresentante Martha Alfonso también cuestionó la posición de Adriana Matiz. Según Ecos del Combeima, criticó el respaldo de la mandataria a las políticas de seguridad de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre los riesgos de una confrontación sin suficiente capacidad institucional. La administración departamental anunció coordinación con la Fuerza Pública para atender a las víctimas. Y aunque estas actuaciones forman parte de la respuesta institucional, no eliminan las preguntas sobre la prevención de ataques y el cumplimiento de alertas.
Los cuestionamientos de Luisa Bohórquez trasladan la discusión más allá del enfrentamiento entre gobiernos. Las víctimas de Planadas, las comunidades de Ataco y los trabajadores que reclaman soluciones necesitan respuestas. La Gobernación y el Gobierno nacional tienen responsabilidades distintas, pero concurrentes. Determinar qué medidas se adoptaron, cuáles fallaron y cómo se protegerá a la población resulta fundamental. Una gestión que privilegia la guerra solo favorece a quienes portan armas, las víctimas de la violencia siguen siendo los ciudadanos que ahora están desprotegidos.
