¡Abelardo no está por encima de la ley! Abogada Jessica Chávez logra retirar propaganda de De la Espriella de edificio con presencia judicial luego de su denuncia

Una valla política de Abelardo de la Espriella terminó encendiendo las alarmas en Montería luego de que la abogada Jessica Yulieth Chávez Molina denunciara que la publicidad aparecía en un edificio donde funcionan despachos judiciales.

La denuncia de la abogada Jessica Yulieth Chávez Molina puso contra las cuerdas a los administradores de un edificio en Montería y abrió una polémica incómoda para la campaña de Abelardo de la Espriella. La imagen que circuló en redes sociales mostraba publicidad política instalada en la fachada de una edificación en la que, según la propia Rama Judicial, funcionan algunos despachos judiciales en calidad de arrendatarios. El asunto no es menor, pues en plena campaña presidencial, una pieza propagandística ubicada en un inmueble relacionado con la administración de justicia terminó generando dudas, reclamos y una respuesta oficial.

La abogada fue directa en su denuncia pública. A través de su cuenta de X cuestionó la presencia de publicidad política en un edificio asociado por la ciudadanía con juzgados en Montería y pidió explicaciones sobre lo ocurrido. Chávez Molina señaló el riesgo de que este tipo de imágenes produzcan una lectura equivocada sobre la neutralidad de la justicia, especialmente cuando se trata de una campaña presidencial tan polarizada como la de Abelardo de la Espriella. Su denuncia obligó a que el tema saliera del ruido de redes y llegara al terreno institucional.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, encabezada por Alfonso Jairo de la Espriella Burgos, emitió un comunicado para aclarar la situación. Según el documento, el edificio mencionado “NO corresponde al Palacio de Justicia de Montería”, sino a “un edificio privado” donde funcionan distintas oficinas y locales comerciales de particulares. Sin embargo, la misma comunicación confirmó un dato clave. Algunos despachos judiciales ocupan, en calidad de arrendatarios, únicamente el quinto piso de los 17 pisos que tiene la edificación.

Ese detalle es justamente el que vuelve más delicado el caso. Aunque la Rama Judicial insiste en que no se trata del Palacio de Justicia, sí reconoce que allí operan despachos judiciales. Es decir, no era cualquier fachada, no era cualquier pared y no era cualquier edificio perdido en la ciudad. Era una edificación con presencia judicial, donde ciudadanos pueden acudir a trámites, procesos o diligencias. Por eso la denuncia de Jessica Chávez cobra fuerza. La discusión no se reduce a si la valla estaba unos metros más arriba o más abajo, sino al mensaje político que podía proyectarse desde un inmueble vinculado con juzgados.

La Rama Judicial también aclaró que la publicidad política “no fue instalada, autorizada ni promovida” por la Dirección Seccional de Administración Judicial. Además, explicó que la valla se encontraba en un área externa del edificio, distinta del ventanal del piso ocupado por los juzgados. Aun así, la entidad reconoció que, “con el propósito de evitar interpretaciones equivocadas y preservar la confianza ciudadana en la imparcialidad de la administración de justicia”, solicitó a la administración del edificio el retiro inmediato de la publicidad, petición que fue atendida.

La frase es demoledora porque confirma que sí existía un problema de percepción pública. Si no hubiera riesgo de interpretación equivocada, no habría sido necesario pedir el retiro inmediato. La propia institución entendió que una propaganda electoral en una edificación donde funcionan despachos judiciales podía afectar la confianza ciudadana. Y en una democracia, la confianza en la justicia no puede quedar expuesta a la ligereza de administradores privados ni al afán propagandístico de una campaña política.

El caso golpea especialmente a Abelardo de la Espriella porque su campaña ha intentado proyectarse como defensora del orden, la institucionalidad y la justicia. Pero esta polémica deja una imagen incómoda. Una valla de su campaña terminó en un edificio donde funcionan juzgados y solo fue retirada después de la denuncia pública y de la intervención de la Dirección Seccional. La pregunta queda servida. ¿Quién autorizó esa publicidad? ¿Qué controles tuvo la campaña? ¿Por qué los administradores del edificio permitieron una pieza política en un inmueble con presencia judicial?

Jessica Chávez, en este episodio, hizo lo que muchos ciudadanos esperan de una voz vigilante. Denunció, preguntó y obligó a que la institución respondiera. Su señalamiento no fue un capricho, pues la Rama Judicial terminó emitiendo un comunicado formal y pidiendo el retiro de la publicidad. En tiempos electorales, cuando cada símbolo pesa y cada fachada comunica, la neutralidad de los espacios relacionados con la justicia debe cuidarse con lupa.

La Dirección Seccional cerró su comunicado reiterando el compromiso institucional con la imparcialidad de los servidores judiciales y pidió a la ciudadanía verificar la información antes de difundirla. Pero el punto de fondo sigue vivo. La publicidad existió, la polémica estalló y la valla tuvo que ser retirada. Lo que empezó como una denuncia en redes terminó dejando en evidencia un descuido grave de los administradores del edificio y una nueva controversia alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella.

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