ATENCIÓN: Partido de Federico Gutiérrez se queda sin personería jurídica por decisión del Consejo de Estado de Colombia

Revocan la personería de Creemos, partido de Federico Gutiérrez, por supuesto fraude electoral al adherirse a candidaturas sin apoyo popular, dejando su futuro político en incertidumbre.

En una decisión polémica que ha sacudido principalmente a personas de la derecha, el Consejo de Estado de Colombia ha declarado nula la resolución que otorgaba la personería jurídica al partido Creemos, liderado por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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Esta resolución, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), reconocía la existencia legal de la colectividad, pero ha sido tachada de fraudulenta e incumplimiento de normativas electorales por parte de críticos y veedores.

La demanda que desencadenó esta revocación fue presentada por Luis Humberto Guidales, un veedor ciudadano, quien argumentó que la resolución del CNE carecía de fundamentos legales sólidos al permitir que Creemos se constituyera como partido político independiente sin haber recolectado los apoyos necesarios para las elecciones al Congreso. Según Guidales, esta acción representa un presunto fraude electoral al permitir que Creemos se adhiriera a otras candidaturas sin el respaldo popular requerido.

El escándalo alcanza su punto álgido al revelarse que, a pesar de haber obtenido los apoyos requeridos para inscribir a Gutiérrez como candidato presidencial en 2022, Creemos decidió participar en una consulta popular interpartidista sin informar a sus seguidores sobre esta decisión. Esta falta de transparencia plantea serias dudas sobre la legitimidad de las acciones del partido y sus líderes.

La decisión del Consejo de Estado deja en un limbo el futuro político de Creemos y de su líder, Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín. Con la imposibilidad de postular candidatos de manera independiente en las próximas elecciones, el partido enfrenta un horizonte incierto y desafiante.

Este caso, que se suma al de Fuerza Ciudadana en Santa Marta, plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad de los procesos electorales en Colombia. ¿Se descubrirá un fraude electoral más amplio? ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión para el panorama político del país?

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