La noticia cae como un nuevo golpe sobre una campaña que ha insistido en presentarse como una alternativa de renovación y autoridad moral. Sin embargo, uno de sus principales alfiles territoriales termina nuevamente condenado por la justicia colombiana. Se trata de Julio Enrique Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, cuya hoja de vida judicial acumula algunos de los episodios más polémicos de la política regional en las últimas décadas.
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La Corte Suprema encontró responsable a Acosta por irregularidades relacionadas con la contratación del Hospital San Vicente de Arauca durante su administración. Según la sentencia, el entonces mandatario intervino en un proceso contractual desconociendo los requisitos legales establecidos, conducta por la cual fue condenado a 51 meses de prisión y a las sanciones accesorias contempladas por la ley.
Pero este fallo no llega sobre una hoja en blanco. El nombre de Julio Enrique Acosta ya había ocupado titulares nacionales por investigaciones mucho más graves. Durante años estuvo vinculado al proceso por el asesinato del registrador de Arauca, Juan Alejandro Plazas Lomónaco, ocurrido en 2003, un crimen que estremeció al país por las denuncias de persecución política y presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales.
🟥|| #LaCerteza | En plena recta final de la campaña presidencial, la Corte Suprema de Justicia condenó a 51 meses de prisión a Julio Acosta Bernal por irregularidades relacionadas con un contrato del Hospital San Vicente de Arauca.
— La Certeza (@Lacerteza_) June 3, 2026
La decisión judicial llama la atención porque… pic.twitter.com/4bHURHo7m0
A ello se suman las investigaciones y decisiones judiciales relacionadas con los nexos entre su proyecto político y el paramilitarismo. Diversos expedientes judiciales y organizaciones de derechos humanos recordaron que Acosta fue señalado de haber recibido apoyo de grupos paramilitares para impulsar su campaña electoral de 2004, un episodio que terminó convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de la llamada parapolítica en los Llanos Orientales.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha documentado durante años el proceso relacionado con el homicidio del registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco y los presuntos vínculos del exgobernador con estructuras ilegales. Aunque algunos procesos han seguido caminos distintos en los estrados, el nombre de Acosta ha permanecido asociado a una de las páginas más oscuras de la política araucana.
Por eso, la nueva condena no solo golpea al exgobernador, sino que inevitablemente proyecta interrogantes sobre la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Resulta difícil explicar por qué un candidato que promete recuperar la institucionalidad y combatir la corrupción decidió confiar la coordinación política de un departamento estratégico a una figura con semejante historial judicial y político.
La Corte Suprema condenó por segunda vez al exgobernador de Arauca y coordinador de campaña de Abelardo De La Espriella en ese mismo departamento, Julio Acosta Bernal, a 51 meses de prisión. Asco, delincuentes que el candidato dice que va a combatir, hoy trabajan para su campaña pic.twitter.com/oNpumin98x
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La controversia se hizo aún mayor cuando diferentes sectores recordaron que Abelardo ha construido buena parte de su discurso alrededor de la lucha contra la criminalidad y la defensa de la legalidad. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de cuáles son los filtros éticos que aplica para conformar su equipo político.
En Arauca, el nombre de Julio Enrique Acosta sigue despertando profundas divisiones. Para muchas víctimas y organizaciones sociales, su figura representa una época marcada por la violencia, la intimidación y las denuncias de infiltración paramilitar en las instituciones públicas. La condena conocida ahora revive esos recuerdos y obliga a mirar nuevamente un pasado que muchos creían superado.
La sentencia de la Corte Suprema detalla que las irregularidades ocurrieron alrededor de la celebración de un contrato relacionado con la infraestructura hospitalaria, un asunto especialmente sensible en una región donde históricamente los problemas del sistema de salud han afectado a miles de ciudadanos. El fallo concluyó que el proceso se adelantó sin cumplir las exigencias legales que garantizan la transparencia en la contratación pública.
La #SalaEspecialDePrimeraInstancia de la @CorteSupremaJ condenó al exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 2, 2026
Por irregularidades en la contratación de una obra para el hospital San Vicente de Arauca, fue… pic.twitter.com/i5h3fW70kG
Mientras tanto, la campaña de Abelardo de la Espriella enfrenta una creciente presión para explicar la permanencia de Acosta dentro de su estructura política. Hasta el momento, el candidato ha insistido en presentarse como un líder dispuesto a enfrentar a las viejas prácticas políticas, pero la presencia de un dirigente condenado y marcado por antiguos escándalos parece enviar un mensaje completamente distinto.
La permanencia de Julio Enrique Acosta dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella ya no puede explicarse como un simple error de cálculo político. La Corte Suprema acaba de condenarlo por un nuevo delito relacionado con la contratación pública, mientras sobre su trayectoria siguen pesando los recuerdos de las investigaciones por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el proceso por el asesinato del registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco. No se trata de un dirigente cualquiera ni de un episodio aislado. Se trata de uno de los hombres encargados de coordinar políticamente una campaña presidencial que asegura representar el orden, la legalidad y la lucha contra la corrupción.
Si un candidato decide rodearse de figuras con semejante historial judicial y político, ¿qué clase de gobierno podría esperar el país? Colombia ya conoció las consecuencias de la alianza entre sectores políticos y estructuras ilegales, y precisamente por eso resulta alarmante que una campaña presidencial mantenga en posiciones de confianza a personajes que arrastran condenas y viejos escándalos relacionados con la parapolítica y la violencia. Más que un problema de imagen, el caso de Julio Enrique Acosta se convierte en un reflejo de las compañías que Abelardo de la Espriella ha decidido llevar consigo en su aspiración a la Casa de Nariño.
