La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 28 exmilitares por su presunta implicación en 604 ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe entre 2002 y 2008. Este es el mayor número de víctimas atribuidas a los infames «falsos positivos» desde la creación de la JEP.
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Las víctimas, presentadas falsamente como bajas en combate, incluyen 26 menores de edad y 31 indígenas de las etnias Wayuú, Wiwa y Kankuamo. La investigación abarca a 19 unidades militares, revelando la magnitud de estas atrocidades.
Entre los altos mandos imputados se encuentran:
- Mayores generales: Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo.
- Brigadieres generales: Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez.
La JEP sostiene que estos crímenes fueron resultado de una política institucional que premiaba las bajas en combate, sancionaba a quienes no las lograban y encubría las irregularidades. Solo entre 2004 y 2007, se perpetraron 517 de los 604 asesinatos, alcanzando un pico alarmante de 257 víctimas en 2007.
#ATENCIÓN | La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional, entre ellos tres generales y dos brigadieres generales, por 604 ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 8, 2025
Además, se identificaron dos patrones principales en la ejecución de estos crímenes:, como presentar a las víctimas como miembros de grupos armados ilegales y atraer a personas vulnerables con falsas ofertas de trabajo para luego asesinarlas; bajo esta modalidad, murieron 343 personas en 59 municipios.
Las pruebas se basan en documentos militares, procesos judiciales y testimonios que detallan cómo operaban estas estructuras criminales dentro del Ejército.
Estos hallazgos subrayan que las ejecuciones no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático conocido y permitido dentro de las Fuerzas Militares. Un caso emblemático es el del Batallón La Popa, en Cesar, donde el excomandante Publio Hernán Mejía enfrenta juicio por negarse a reconocer su responsabilidad, pese a las abrumadoras pruebas en su contra.