¡Tiembla la Corte! Admiten demanda contra Carlos Camargo por llegar a la magistratura con una red de favores y familiares

El nombramiento de Carlos Camargo a la Corte Constitucional está bajo amenaza: el Consejo de Estado admitió una demanda por presunto nepotismo y favores a magistrados que lo ternaron.

La elección de Carlos Camargo para la Corte Constitucional comenzó a desmoronarse antes de que pudiera estrenar toga. Lo que muchos llaman ya “el mayor entramado de favores cortesanos en años” llegó este martes al Consejo de Estado, que decidió admitir la demanda que busca tumbar su nombramiento por un presunto carrusel de clientelismo disfrazado de meritocracia. Y es que el escándalo es tan grotesco que ni en una novela política se vería algo igual: el 41% de los magistrados que lo ternaron habían recibido beneficios mientras Camargo reinaba en la Defensoría del Pueblo.

La maniobra, según denuncian las organizaciones demandantes, es de una simpleza vulgar: mientras fue defensor, Camargo vinculó laboralmente a hermanos, primos, parejas e hijos de nueve magistrados de la Corte Suprema. Luego, cuando llegó el momento de ternarlo para la Corte Constitucional, esos mismos magistrados, sin pizca de pudor, participaron en su elección y negaron cualquier impedimento. La Sala Plena, con los mismos 22 togados, decidió que no había conflicto de interés alguno. Milagros institucionales.

Pero la demanda que hoy sacude al país recuerda con fuerza un precedente incómodo: el caso de Alejandro Ordóñez. Cuando el Consejo de Estado anuló su reelección en 2016, dejó claro que el artículo 126 de la Constitución no es un adorno retórico, sino un muro contra el clientelismo. En aquella ocasión, el alto tribunal fue tajante: “Al haber nombrado a familiares de quienes eran competentes para su reelección, Alejandro Ordóñez violó la prohibición del artículo 126”. La lógica, según el fallo, es sencilla: al favorecer a familiares de quienes deben elegirlo, el funcionario interviene, y presiona, en su propia designación.

Pero Camargo insiste en que no es su caso. En declaraciones a La Silla Vacía, intentó matizar: “La prohibición aplica hacia futuro, estaría si yo le nombrara, en mi ejercicio como defensor, familiares a los representantes a la Cámara (…) o, si hacia el futuro yo siendo magistrado le nombrara a quienes me postularon o a quienes me eligieron”. Una defensa que para los demandantes no solo resulta débil, sino que desconoce el propio precedente del país.

El Consejo de Estado, por su parte, no parece convencido de la explicación del recién elegido magistrado. En el auto que admite la demanda, destacó la existencia de pruebas suficientes para abrir la puerta a una eventual nulidad: documentos, enlaces web, registros y la solicitud de nuevas probanzas. La acción fue presentada por organizaciones como DeJusticia, la Universidad de Antioquia, Cajar, Ilse y Jacarandas, que aseguran que Camargo no solo benefició a quienes luego lo eligieron, sino que su nombramiento violó la paridad de género, un requisito constitucional ineludible.

El Senado, que el 3 de septiembre de 2025 lo ungió con 62 votos, ahora aparece como un actor clave en la trama. No solo porque varios senadores también tenían familiares en la Defensoría durante la era Camargo, sino porque la elección estuvo marcada por una polarización feroz, donde el oficialismo lo impulsó a toda costa pese a las advertencias jurídicas.

Hoy, con la demanda avanzando, el nombramiento de Camargo se tambalea. El riesgo de anulación es real y recuerda que los favores políticos, por más que se quieran maquillar, dejan huellas. Y esta vez, esas huellas conducen direto a su oficina en la Defensoría y a la puerta de los magistrados que, beneficiados por su generosidad burocrática, hicieron fila para llevarlo a la Corte.

En un país cansado de clientelismo, este caso no parece solo una irregularidad más. Es la radiografía cruda de un sistema donde los magistrados juegan a ser elegidos por quienes han favorecido, donde los impedimentos se niegan en bloque y donde la Constitución se interpreta al gusto del beneficiado.

La pelota está en el campo del Consejo de Estado. Y si sigue la línea del precedente Ordóñez, la caída de Camargo podría ser cuestión de tiempo. Porque cuando las vacantes en las altas cortes se vuelven intercambios familiares, lo único que queda claro es que alguien no está protegiendo la Constitución… sino su propio círculo.

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