Gobierno Nacional le arrebata Hacienda Bellacruz a herederos del paramilitarismo y la devuelve al pueblo

Tras décadas de despojo y violencia paramilitar, el Gobierno de Petro devolvió la Hacienda Bellacruz a campesinos víctimas, marcando un hito en la justicia agraria.

Después de décadas de violencia, sangre y despojo, la tierra por fin regresó a sus verdaderos dueños. En un acto que marca un antes y un después en la historia agraria del país, el presidente Gustavo Petro entregó oficialmente más de 1.000 hectáreas de la tristemente célebre Hacienda Bellacruz a las familias que fueron expulsadas a la fuerza, bajo amenazas de muerte por parte de los paramilitares.

Esta tierra no es cualquiera: fue símbolo del poder violento, del despojo sistemático y del dominio corrupto que por años ejercieron familias cercanas al alto poder político. Carlos Arturo Marulanda, quien fue embajador de Colombia ante la Unión Europea durante el gobierno de César Gaviria, figura hoy como uno de los personajes más oscuros de este capítulo de horror. Su familia consolidó el control de más de 9.000 hectáreas valiéndose de influencias, documentos irregulares y, según múltiples testimonios, con respaldo armado.

“La Hacienda Bellacruz fue convertida en escenario de muerte para apropiarse de las tierras que por generaciones trabajaron los campesinos”, denunció Petro desde el predio, ubicado en el municipio de La Gloria, Cesar. El mandatario no dudó en señalar que “el narcoparamilitarismo actuó bajo la guía de la familia Marulanda”, mientras recordaba la masacre de febrero de 1996, cuando decenas de campesinos fueron asesinados o desplazados.

En total, el Gobierno entregó 1.900 hectáreas: 1.081 fueron restituidas directamente a 139 familias víctimas de despojo en Bellacruz y otras 819 se adjudicaron a campesinos sin tierra en distintas zonas del departamento. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), liderada por Felipe Harman, anunció además una inversión de 700 millones de pesos para apoyar proyectos productivos en los predios entregados. “Donde hubo sangre y expulsión, hoy habrá cosechas y dignidad”, afirmó Harman durante la entrega.

El acto no solo tuvo un valor material, sino simbólico: las víctimas por fin pisan como dueñas la tierra que los poderosos les arrebataron con armas, influencias y mentiras. La Comisión de la Verdad, la Corte Constitucional y el antiguo Incoder habían documentado desde hace años cómo estas tierras eran baldíos de la Nación y fueron apropiadas ilegalmente. Pero no fue sino hasta ahora, con voluntad política, que el Estado corrigió una injusticia histórica.

Wendy Dayana Yépezeva, una de las beneficiarias, lo dijo con lágrimas en los ojos: “Yo soy hija de padres desplazados por la violencia de la hacienda Bellacruz. He vivido el flagelo de la violencia de una manera diferente, ya que cuando esos hechos ocurrieron yo era muy pequeña; sin embargo, eso repercutió en mi estilo de vida, en mi comportamiento y hasta en mi personalidad”.

Petro, que encabezó la jornada en medio de una multitud emocionada, aseguró que la entrega es parte esencial del programa de justicia agraria del Gobierno del Cambio, una apuesta por reparar con hechos y no con discursos. “Estoy en la Hacienda Bella Cruz, donde masacró decenas de campesinos el narcoparamilitatismo guiado por la familia de Carlos Arturo Marulanda”, escribió en su cuenta de X.

La historia de la Hacienda Bellacruz, que por años fue sinónimo de impunidad y horror, ahora empieza a escribirse con letras de dignidad. El sur del Cesar ya no será testigo del despojo, sino del renacer de una Colombia campesina que lucha por justicia, paz y pan.

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