Senado sigue legislando contra el pueblo y niega la apelación de Pizarro, enterrando la posibilidad de repetir la votación de la consulta popular

El Senado le cerró la puerta a la ciudadanía al negar la reapertura de la votación sobre la consulta popular propuesta por Petro, pese a denuncias de irregularidades.

En un movimiento que ha desatado indignación en sectores progresistas, la mesa directiva del Senado, liderada por sectores conservadores, selló este lunes lo que muchos consideran un nuevo golpe a la participación ciudadana. El secretario general de la corporación, Diego González, negó la apelación presentada por la senadora María José Pizarro, quien pedía reabrir la votación sobre la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.

La consulta, que buscaba llevar a las urnas 12 preguntas orientadas a garantizar derechos laborales fundamentales, como la reducción de jornada a ocho horas, licencias por salud, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, fue hundida por apenas dos votos de diferencia (49 contra 47) el pasado 14 de mayo, en medio de gritos, confusión y denuncias de irregularidades.

«No se puede reabrir una votación ya decidida por la plenaria», sentenció González al leer el concepto jurídico que cerró toda posibilidad de rectificar lo que la bancada del Pacto Histórico denunció como una votación viciada. Pizarro, visiblemente molesta, cuestionó que el registro solo estuviera abierto por 2 minutos y 12 segundos, lo que, según dijo, impidió que varios congresistas ejercieran su derecho al voto.

“Todo esto debe quedar perfectamente claro para la opinión pública y también para los senadores que participamos en la votación”, expresó la senadora. “El filibusterismo y las prácticas de la política tradicional en Colombia no pueden quedar en la impunidad”.

El presidente Petro, por su parte, no se quedó callado. Tras la derrota legislativa, denunció públicamente que la consulta fue víctima de un “fraude” y una “burla a la Constitución”.

La oposición, encabezada por Efraín Cepeda, ha insistido en que la iniciativa no era más que un “capricho político” del mandatario, pese a que la propuesta contenía demandas históricas de los trabajadores colombianos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue testigo directo del caos y acusó al presidente del Senado de cerrar la votación cuando el oficialismo estaba ganando, y al secretario general de sumar un voto por el ‘No’ una vez cerrada la sesión.

En su exposición, González apeló a normas del reglamento del Congreso y sentencias de la Corte Constitucional para justificar su decisión. Habló de “cosa juzgada legislativa”, como si las irregularidades no merecieran revisión ni justicia.

Pero para muchos, esta no es solo una derrota del Gobierno. Es una victoria del saboteo legislativo, del juego sucio parlamentario y de una oposición que le teme a la voluntad popular.

En lugar de permitir que el pueblo decidiera en las urnas, el Senado optó por blindarse en tecnicismos y proteger intereses minoritarios. Y lo hizo, nuevamente, por un margen tan estrecho que deja más dudas que certezas.

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