“¿Cuál es la seguridad de la que están hablando?”. La pregunta de la senadora Alejandra Omaña retumbó en el Congreso justo cuando Abelardo de la Espriella ha convertido el discurso de la seguridad en una de sus principales banderas. La senadora confrontó ese relato con lo que está ocurriendo en Norte de Santander, donde ataques, secuestros y presencia de organizaciones armadas han golpeado a comunidades durante las primeras semanas de la nueva administración. En algunos casos algo que no se veía hace dos décadas.
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La senadora puso sobre la mesa una contradicción que golpea el discurso del Gobierno. Mientras se exhiben cifras de capturas, incautaciones y erradicación de coca, Omaña cuestionó la realidad que viven los territorios y recordó que altos funcionarios como María Consuelo Araújo, Elsa Noguera, Juan Camilo Valencia, Gisselle Rueda y Alejandro Pretel tienen familiares que, según detalló, han sido condenados, investigados o señalados por vínculos con estructuras paramilitares. “¿El Gobierno de Abelardo de la Espriella está favoreciendo a los familiares de vinculados con el paramilitarismo?” cuestionó la senadora.
En Guamalito, corregimiento de El Carmen, ataques atribuidos al ELN terminaron destruyendo la subestación policial y obligaron inicialmente a retirar a 21 uniformados, dejando durante varios días a la población sin presencia permanente de la Policía. La situación llegó a un punto estremecedor. Tras la salida de los policías, habitantes denunciaron el ingreso de presuntos integrantes del ELN, saqueos y desplazamientos de hombres armados por el pueblo. El miedo se apoderó de residentes que incluso contemplaban abandonar el corregimiento. La Policía posteriormente regresó, pero el episodio mostró hasta dónde había escalado la disputa por el control territorial.
¿El Gobierno de Abelardo de la Espriella está favoreciendo a los familiares de vinculados con el paramilitarismo? pic.twitter.com/ue8FhqOY82
— Alejandra Omaña (@aleomanao) September 16, 2026
Por eso Omaña disparó directamente contra la consigna que intenta vender la recuperación de la seguridad. “¿Volvió la seguridad a Norte de Santander?”, preguntó antes de enumerar el secuestro de un mayor y dos patrulleros, el ataque contra la estación de Policía de Los Patios, los hostigamientos en Ábrego y la crisis de Guamalito. “Ministro, no volvió la seguridad a Norte de Santander”, sentenció la congresista durante su intervención.
No se trata solamente de una batalla retórica. La propia Gobernación de Norte de Santander reconoció después de un consejo de seguridad con los ministros Jorge Eduardo Mora y Rodrigo Lara que alcaldes del Catatumbo habían planteado preocupaciones por “la presencia de grupos armados” y “el control territorial”. El Gobierno anunció entonces nuevas medidas, incluida la denominada Operación Esparta, para intentar golpear a las estructuras criminales que operan en esa región.
Ese panorama explica el tono feroz del control político y la moción de censura promovida contra Mora. El procedimiento contra el ministro surgió inicialmente tras la muerte de tres menores reclutados durante un bombardeo contra disidencias de las Farc en El Retorno, Guaviare. Los congresistas formularon cuatro cargos políticos y cuestionaron, entre otros asuntos, qué información tenía el Ministerio sobre la presencia de menores antes de ordenar la operación militar.
Pero Omaña llevó el cuestionamiento mucho más lejos y convirtió el debate sobre seguridad en una discusión sobre las sombras históricas del paramilitarismo. La senadora había enumerado previamente a funcionarios del Gobierno cuyos familiares, según afirmó en su intervención, fueron condenados, investigados o señalados por relaciones con estructuras paramilitares.
Quienes se están dando por bien servidos en el Gobierno de Abelardo de la Espriella sin lugar a dudas son los paramilitares, pues sus familiares han llegado a ocupar importantes espacios en el gabinete milagroso. pic.twitter.com/hxvK0DMBk3
— Alejandra Omaña (@aleomanao) September 16, 2026
Entre los nombres pronunciados estuvo María Consuelo Araújo, actual embajadora en Estados Unidos. Omaña recordó los antecedentes judiciales de su hermano Álvaro Araújo Castro y las investigaciones alrededor de su familia. También mencionó a Elsa Noguera, ministra de Transporte, y habló de los antecedentes judiciales de su esposo. Su lista continuó con Juan Camilo Valencia, Gisselle Rueda y Alejandro Pretel, altos funcionarios cuyos familiares fueron relacionados por la congresista con diferentes estructuras armadas.
La senadora remató esa enumeración con el propio ministro de Defensa sentado frente a ella. “Incluso, ministro, ayer se me olvidó mencionarle a usted, su hermano también, ¿no?”, dijo Omaña. Entonces lanzó uno de los señalamientos más explosivos de la sesión. “La banda La Terraza mencionó cómo su hermano presuntamente era muy cercano a Carlos Castaño”. Omaña hablaba del fallecido general Jorge Enrique Mora Rangel y de acusaciones históricas que no equivalen a una condena judicial contra él.
La intervención buscó conectar esas referencias históricas con una advertencia política sobre el presente. “Nosotros lo que pedimos es que esas prácticas paramilitares no vuelvan acá”, afirmó Omaña. La senadora sostuvo que el control político debía exigir “humanidad”, respeto por los derechos humanos y garantías para las comunidades. Su acusación política sobre una supuesta representación de intereses paramilitares dentro del Gobierno es una interpretación suya, no un hecho judicialmente establecido.
Y allí aparece el golpe más fuerte contra el relato de Abelardo. Su administración quiere ser identificada con la recuperación del orden, pero apenas comenzando septiembre autoridades territoriales ya discutían presencia de grupos armados y control de corredores estratégicos en el Catatumbo. En Guamalito incluso fue necesaria una operación para recuperar presencia institucional después de los ataques que destruyeron la estación policial.
Hoy en moción de censura al ministro de Defensa. ¿Volvió la seguridad al país? ¿Volvió la seguridad a Norte de Santander? Secuestros, bombardeos, municipios patrullados por el ELN, civiles y policías amputados. La seguridad no volvió, volvió el miedo. pic.twitter.com/19mtdATYtK
— Alejandra Omaña (@aleomanao) September 16, 2026
Las medidas que ha tomado Defensa posterior a los ataques muestran la gravedad del desafío que enfrenta el Ejecutivo. Presentar cifras nacionales de capturas no elimina el hecho de que comunidades concretas han soportado ataques, incursiones armadas y pérdida temporal de presencia policial.
La moción de censura contra Mora, además, continúa su trámite. La Cámara registra oficialmente la moción contra el ministro Jorge Eduardo Mora López y tiene programada su discusión para el 22 de septiembre. El expediente confirma que la iniciativa fue presentada por representantes de diferentes sectores, incluidos integrantes del Pacto Histórico, y que el jefe de la cartera deberá enfrentar formalmente ese examen político.
Omaña dejó así instalada una pregunta que el Gobierno no puede resolver únicamente con consignas ni estadísticas acumuladas. Si una comunidad ve destruir su estación de Policía, si sus uniformados deben ser evacuados y si después hombres armados irrumpen en el territorio, cualquier proclamación de tranquilidad choca con la experiencia concreta de quienes viven allí. Esa es precisamente la contradicción política que la senadora decidió explotar frente al ministro.
Por eso su “¿cuál seguridad?” es mucho más que una frase provocadora. Es la síntesis de una ofensiva de control político que cuestiona simultáneamente los resultados iniciales de la estrategia de Abelardo, las consecuencias humanitarias de las operaciones militares y los antecedentes que Omaña puso sobre la mesa alrededor de familiares de altos funcionarios. El Gobierno promete mano dura. En varios territorios, entretanto, la pelea por recuperar el control apenas comienza.
