Desde tempranas horas de la mañana del jueves 6 de febrero, las calles del centro de Bogotá se vieron paralizadas por la protesta masiva de decenas de vendedores informales. La razón: una nueva disposición dentro del decreto 315 de 2024, que impone restricciones y un pago económico por el uso del espacio público, poniendo en jaque la supervivencia de miles de familias que dependen del comercio informal.
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Los manifestantes se congregaron en la sede del Instituto para la Economía Social (IPES), ubicada en la calle 19, exigiendo la eliminación del protocolo que los obliga a pagar por el derecho a trabajar en la calle. «Dice que no pueden haber vendedores ambulantes en los andenes ni en los parques ni fuera de los hospitales, entonces nos están vulnerando el derecho al trabajo”, denunció Rodrigo Leal, consejero distrital de vendedores informales.
La indignación de los vendedores es evidente. “Con este decreto quieren desaparecer a los vendedores ambulantes. Van a privatizar el espacio público y nos están quitando el derecho a trabajar. Somos personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, personas con discapacidad y, con la edad que tenemos, nadie nos da empleo”, manifestó una vendedora en medio de la protesta.
#Colombia | Vendedores ambulantes de diferentes localidades de Bogotá protagonizan una protesta por decreto de la Alcaldía.
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Desde el IPES, la entidad encargada de regular las ventas informales en la ciudad, han intentado justificar la medida bajo el argumento de «organizar el espacio público para el bienestar de todos». Sin embargo, el protocolo que exige una retribución económica ha desatado una ola de rechazo entre los comerciantes, quienes lo consideran una estrategia de exclusión y un ataque directo a su derecho a ganarse la vida dignamente.
“El protocolo promueve una retribución económica por el aprovechamiento del espacio público, siguiendo un enfoque diferencial», señala un informe del IPES. Pero, ¿cómo pueden los vendedores informales asumir este costo cuando, precisamente, su trabajo nace de la falta de oportunidades en el sector formal?
Wilfredo Grajales, director del IPES, intentó calmar los ánimos asegurando que «esta administración no tiene ninguna intención de sacar a los vendedores del espacio público» y que el protocolo aún no es definitivo. Sin embargo, sus palabras no convencen a quienes ven en este decreto una amenaza a su sustento.
A partir de este domingo en #Bogotá, los vendedores informales que utilicen el espacio público tendrán que pagar. Así lo dio a conocer el Distrito.
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El comercio informal en Bogotá es una realidad innegable y, pese a los intentos de regularlo, sigue siendo la única opción para miles de personas. Aunque no existe una cifra exacta de cuántos vendedores ambulantes hay en la ciudad, se estima que entre 120.000 y 150.000 se dedican a esta actividad.
Las localidades con mayor presencia de vendedores informales son Santa Fe, Bosa y Kennedy, zonas donde la falta de oportunidades laborales obliga a muchas personas a salir a las calles a buscar el sustento diario.
