En un giro que desafía toda lógica y coherencia, los mismos senadores que hace apenas unas semanas sepultaron la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, argumentando su alto costo, ahora promueven un referendo que costará exactamente lo mismo: entre 700 y 750 mil millones de pesos.
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La senadora uribista María Fernanda Cabal no escatimó en críticas al calificar la consulta de Petro como un «despilfarro» y una «canallada», mientras que el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical la tildó de «costosa» y «repleta de engaños». Sin embargo, ambos legisladores han presentado una ponencia positiva para un referendo que busca modificar la Constitución y otorgar a los departamentos el manejo de los impuestos de renta y patrimonio, una iniciativa que, curiosamente, también servirá como plataforma para precandidatos y políticos de oposición en las elecciones de 2026.
🔴ATENCIÓN: AQUÍ ESTÁ EL REFERENDO QUE IMPULSAN LOS PARTIDOS DE DERECHA EN EL SENADO PARA LA AUTONOMÍA FISCAL Y PARA QUITARLES RECURSOS A LAS REGIONES POBRES. Los medios tradicionales callan al igual que @MariaFdaCabal, @senadormotoa y toda la DERECHA HIPOCRITA, Miren👇 pic.twitter.com/SFihsvqF7Y
— Sandra Chindoy (@sandra_chindoy) June 3, 2025
Este referendo, impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y respaldado por figuras como Juan Daniel Oviedo y Juan Guillermo Zuluaga, propone que los departamentos asuman el cobro y recaudo de los impuestos de renta y patrimonio. Aunque se argumenta que esto aumentaría la autonomía fiscal de las regiones, expertos advierten sobre las graves repercusiones económicas e institucionales que podría acarrear. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que estos impuestos representan el 53% de los ingresos tributarios de la Nación, y su descentralización podría llevar a una crisis fiscal inmediata y estructural.
A pesar de estas advertencias, los senadores Cabal y Motoa insisten en la aprobación del referendo, argumentando que es un mecanismo legítimo de participación ciudadana. Sin embargo, su cambio de postura frente al gasto público y su disposición a promover una iniciativa de igual costo que la que criticaron anteriormente, pone en evidencia una doble moral y una instrumentalización de los mecanismos democráticos para fines políticos.
Hipocresía total del Centro Democrático y Cambio Radical: se oponen a la Consulta Popular sobre derechos laborales alegando costos y politiquería. Tres doritos después impulsan un referendo politiquero que costaría lo mismo. La verdad: odian al pueblo trabajador. pic.twitter.com/S1a2bbEGRh
— Mauricio Zamora – Pacto Histórico Cali (@SergioMZamoraB) June 3, 2025
En contraste, el presidente Petro ha decidido convocar la consulta popular por decreto, desafiando la negativa del Senado y argumentando que esta fue fraudulenta. En una alocución presidencial, denunció un plan para asesinarlo y reiteró su compromiso con las reformas laboral y pensional, destacando el apoyo de la OIT a esta última.
