La sombra de Uribe vuelve a mancharse de sangre: la hermana de Jesús María Valle, defensor de DD.HH., lo señala por el crimen que el poder quiso enterrar

Veintisiete años después del asesinato de Jesús María Valle, su hermana rompe el silencio y apunta directamente al expresidente Álvaro Uribe, mientras nuevas pruebas reavivan las sospechas de que el poder político también tuvo sangre en las manos.

El eco del disparo que acabó con la vida del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo sigue retumbando en los pasillos de la justicia colombiana. Hoy, su hermana María Magdalena Valle, rompiendo un silencio cargado de miedo, impunidad y años de amenazas, señala sin vacilar al expresidente Álvaro Uribe Vélez como parte de una maquinaria criminal que quiso acallar el grito de quienes alzaban la voz.

“Él sabía que lo iban a matar, pero no dejó de hablar”, afirmó Magdalena Valle, visiblemente emocionada en su entrevista para el programa Investigativa de Señal. Sus palabras descarnadas ponen sobre la mesa lo que durante mucho tiempo debió permanecer oculto: que la protección del defensor fue inexistente, que las estructuras estatales miraron hacia otro lado, y que la justicia brilla por su ausencia.

Valle Jaramillo había denunciado, desde la cuenca de Ituango hacia Medellín, que había un “acuerdo tácito o un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el Comandante de la Cuarta Brigada, el Comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez … y Carlos Castaño”.

Denuncias que describían una alianza oscura entre militares, paramilitares y poder político. Y quién lo denuncia, quién lo decidió, lo pagó con su vida: el 27 de febrero de 1998, dos hombres armados ingresaron a su oficina en Medellín y lo ejecutaron.

Ahora, los focos vuelven a apuntar hacia Uribe Vélez. Un juzgado de Medellín ordenó recientemente compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigarlo a él, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general retirado Carlos Alberto Ospina Ovalle como “presuntos determinadores” de los homicidios de Valle Jaramillo y del abogado Eduardo Umaña Mendoza. El testimonio clave de un exparamilitar, Francisco Enrique Villalba Hernández, afirma que en una reunión en la finca “Las Marraneras” se confeccionó una lista de personas a eliminar. Personas como Valle y Umaña figuraban en ella.

Uribe, por su parte, ha reaccionado con dureza. En su cuenta de X escribió: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Pero el abogado de las víctimas responde con claridad: “Calificar de fábula los testimonios es una forma de restarles peso a evidencias que deben ser verificadas”. Así lo manifestó el exmagistrado de Justicia y Paz Rubén Darío Pinilla Cogollo.

Lo que hoy está en juego es la credibilidad de gran parte del andamiaje judicial colombiano. Porque los crímenes de la masacre de Masacre del Aro (octubre 1997) y de la Masacre de La Granja (junio 1996) fueron declarados como crímenes de lesa humanidad. Eso implica que no prescriben, que se puede investigar, que se debe investigar. Y sin embargo: los autores intelectuales siguen caminando entre sombras.

María Magdalena no solo pide justicia: exige que se pongan nombres, cargos y que se sienten en el banquillo los responsables. “El Estado colombiano no ha cumplido cabalmente con la reparación en materia de justicia y verdad”, señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que el Estado no ha hecho, lo que la justicia no ha logrado, lo acomete ahora la memoria colectiva.

Hoy, cada vez que el país debate el legado de Uribe Vélez, su poder, su control, su ética, salen a la luz los ecos de un hombre que advirtió lo que venía y fue silenciado. Hoy esos ecos reclaman respuestas. Porque cuando asesinan a un defensor de derechos humanos no solo se mata a un hombre: se mata la verdad. Y si la verdad no florece, la sombra del miedo se eterniza.

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