Ministerio del Trabajo estalla y anuncia investigación contra D1 por explotación laboral y jornadas inhumanas

El supermercado D1 quedó en el centro de un escándalo tras denuncias de explotación laboral que llevaron al ministro de Trabajo a abrir una investigación urgente.

Jornadas de hasta 12 horas, tareas múltiples por el salario de una sola función, acoso laboral y violaciones sistemáticas a la ley laboral. Esa es la cara oculta de los supuestos “bajos precios” en las tiendas D1, una de las cadenas de supermercados más grandes y rentables del país, según lo revelado por un impactante reportaje de Señal Colombia y la Revista Raya que ha generado indignación nacional.

A raíz de estas revelaciones, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no se quedó de brazos cruzados y anunció la apertura inmediata de una investigación. “Sería de suma gravedad que supermercados D1, con utilidades en el 2024 por $373.200 millones equivalentes a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral”, expresó el funcionario a través de su cuenta de X.

La denuncia llega en un momento clave para el país: en medio del debate por la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuyo propósito es precisamente evitar que estas prácticas se sigan normalizando en Colombia.

Según el informe difundido por el canal público, trabajadores relataron jornadas que van desde las 10 hasta las 12 horas diarias, sin pago de horas extras y en condiciones de sobrecarga laboral. El contrato que firman muchos de ellos, llamado de “confianza y manejo”, ha sido denunciado como una estrategia para eludir derechos laborales. “Lo que hacen en realidad es abuso y manejo, porque nos explotan y no nos reconocen las horas ni el trabajo adicional”, afirmó una exempleada que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

En los testimonios también quedó en evidencia que un solo trabajador puede estar encargado de funciones que, en condiciones normales, realizarían entre cuatro y cinco personas: desde el descargue de mercancía, organización de bodega, atención en caja, limpieza del punto de venta y hasta control de inventario.

Más allá de las condiciones extenuantes, el reportaje reveló el caso de un cajero asesinado durante un atraco en una de las tiendas, lo que levantó serias dudas sobre las medidas de seguridad con las que cuentan los empleados.

Frente al escándalo, D1 S.A.S. publicó un comunicado en el que negó cualquier irregularidad y defendió su modelo de operación. “La compañía cumple con toda la normatividad laboral vigente en Colombia y reafirma su compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato a término indefinido”, dice el texto.

Además, la empresa propiedad del grupo panameño Koba International, controlado por el poderoso conglomerado Valorem, de la familia Santo Domingo, rechazó lo que llamó “presiones laborales inadecuadas” y aseguró estar dispuesta a colaborar con cualquier investigación para esclarecer los hechos.

La Red de Veedurías Ciudadanas también elevó su voz. Su presidente, Pablo Bustos, advirtió que las denuncias recibidas no son nuevas y que el problema podría ser más estructural de lo que parece. “Se trataría de derechos que estarían siendo conculcados por el empleador. Continuaremos atentos a estas irregularidades para que el Ministerio del Trabajo y las autoridades competentes tomen medidas frente a lo que puede ser un problema más crítico a futuro”, señaló.

Entre las denuncias recogidas están no solo el exceso de carga y los pagos incompletos de horas extra, sino también despidos injustificados, maltrato y acoso laboral. Trabajadores reportan ser contactados fuera del horario laboral e incluso los fines de semana, incumpliendo de manera abierta con el derecho a la desconexión.

Este caso emblemático ha encendido aún más el debate sobre la reforma laboral que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Una iniciativa que busca corregir décadas de regresividad en derechos laborales, aumentar el pago por trabajo en domingos y festivos, ampliar el horario nocturno y proteger condiciones básicas para los trabajadores del país.

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