Presidente Petro advierte sobre el cumplimiento de la ley en financiamiento de proyectos de infraestructura en Antioquia

El presidente Gustavo Petro alerta sobre la legalidad en la recolección de fondos para las vías 4G en Antioquia, citando el artículo 316 del Código Penal y enfatizando la necesidad de autorización previa para evitar sanciones.

Una vez más, el presidente Gustavo Petro ha recurrido a su plataforma en X para abordar la controvertida iniciativa promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destinada supuestamente a completar las obras de las vías 4G en el departamento.

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En esta ocasión, Petro ha compartido una reflexión sobre el artículo 316 del Código Penal, señalando que la recolecta de fondos asociada busca «captar dinero del público de manera masiva, sin la correspondiente autorización».

En su mensaje, el presidente Petro ha destacado la importancia de respetar la legislación vigente, haciendo hincapié en la necesidad de cumplir con las disposiciones legales establecidas. En este sentido, ha enfatizado que la ley mencionada establece claramente las consecuencias legales para aquellos que promuevan o participen en actividades que involucren la recolección de fondos del público sin la debida autorización.

El artículo 316 del Código Penal establece que cualquier individuo que participe en la promoción, patrocinio, financiación o realización de actos destinados a captar dinero del público de manera masiva y habitual, sin la autorización previa de la autoridad competente, se enfrentará a penas que pueden incluir hasta ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses de prisión, así como multas que podrían ascender hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además, el artículo subraya que si estos actos se llevan a cabo utilizando medios de comunicación social u otros canales de divulgación colectiva, las sanciones podrían aumentar hasta en una cuarta parte. Por lo tanto, la advertencia del presidente Petro resalta la seriedad de la situación y la necesidad de cumplir con las normativas legales en la gestión de la financiación pública para proyectos de infraestructura como las vías 4G en Antioquia.

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