Una finca ganadera en el departamento del Cesar, que hasta hace poco parecía parte del paisaje rural colombiano, se convirtió en el centro de una de las escenas más aterradoras del posconflicto: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el hallazgo de restos humanos en la Hacienda Bethania, ubicada en El Copey. Allí, en medio del monte, entre ganado y silencio, emergió una historia de horror que vuelve a golpear a los pueblos indígenas y al país entero.
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“Se encontró que eran restos de seres humanos”, afirmó sin titubeos la magistrada Ana Caterina Heyck. La contundente declaración llega tras días de rumores y versiones sobre lo que se escondía en esa propiedad, a la cual la JEP tuvo que ingresar con medidas cautelares, pues el dueño del predio no permitía que se llevaran a cabo las investigaciones. La negativa no detuvo al tribunal, y lo que vino después estremeció hasta al presidente de la República.
Durante la inspección judicial, no solo se hallaron huesos humanos, también se encontraron agujas quirúrgicas, prendas de vestir y un logo del Gaula del Ejército, elementos que hoy están bajo análisis forense. El rastro de horror apunta a posibles crímenes de guerra en contra de líderes espirituales del Pueblo Arhuaco, asesinados brutalmente en el marco del conflicto armado.
Luego del anuncio conjunto de la JEP y la @UBPDcolombia sobre el hallazgo forense en una finca en Cesar, la Sala de Reconocimiento de Verdad, en consideración a estos hallazgos y a la información recaudada en la investigación del #Caso09, decidió compulsar copias a la… pic.twitter.com/u5TgoNqHvq
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 16, 2025
La JEP compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, José Mattos, Carlos Mattos y Wilson Ramírez, nombres que aparecen una y otra vez en las declaraciones de testigos y comparecientes. Sin embargo, no hay claridad sobre quiénes son realmente estas personas, y por ello la JEP exigió que se esclarezca su identidad, incluso solicitando el árbol genealógico de la familia Mattos.
“Nosotros encontramos la repetición de varios nombres, pero sin segundo apellido. Por eso pedimos ayuda a la Fiscalía, porque no es nuestra competencia procesar a terceros civiles”, explicó la magistrada Heyck, dejando claro que los implicados no serían miembros de las Farc ni de la fuerza pública, sino actores civiles aparentemente involucrados en desapariciones forzadas, torturas y homicidios.
El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar, y lo hizo con la fuerza que merece una tragedia como esta: “Una fosa común en la hacienda de un ganadero. Esto es lo que queremos que no regrese más a Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X, calificando el caso como “dantesco”.
Dantesco. Una fosa común en la hacienda de un ganadero. Esto es lo que queremos que no regrese más a Colombia.https://t.co/f9yiJH8VUc
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2025
Las víctimas de esta nueva arista del conflicto son figuras sagradas para el Pueblo Arhuaco: Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro, todos mamos (líderes políticos y espirituales), desaparecidos, torturados y asesinados. A ellos se suman José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro, quienes sobrevivieron a torturas inenarrables.
Este espeluznante descubrimiento hace parte de un caso étnico representativo que investiga la JEP para esclarecer los crímenes cometidos contra pueblos indígenas durante el conflicto armado. El tribunal de paz busca garantizar verdad, justicia y reparación, pero necesita que la Fiscalía asuma su rol en el esclarecimiento de responsabilidades penales, especialmente cuando se trata de actores civiles que por años se escudaron en el anonimato del poder económico.
