El reciente secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años, ha sacudido a Colombia y ha desenterrado una compleja red de crimen organizado que involucra a antiguos capos del narcotráfico y conexiones políticas de alto nivel.
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El 3 de mayo de 2025, Lyan fue raptado en Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, por miembros del frente Jaime Martínez, una disidencia de las FARC. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el verdadero autor intelectual del secuestro sería Diego Pérez Henao, alias «Diego Rastrojo», exlíder del grupo narcoparamilitar Los Rastrojos, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico.
El secuestro de Lyan tiene una vendetta de fondo. Que inicia con ‘Diego Rastrojo’, quién le heredó su imperio a José Leonardo Hortúa, alias Mascota, papa del menor privado de la libertad. Familiares no pagaron un peligroso cobro de bienes de la mafia.
— Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) May 23, 2025
Y la culpa era de Petro pic.twitter.com/SlGUG71u9M
Según informes, el objetivo inicial del secuestro era la madre de Lyan, Angie Bonilla, o su padrastro, Jorsuar Suárez, un joyero caleño. La familia tendría una deuda de aproximadamente 37.000 millones de pesos con «Diego Rastrojo», relacionada con actividades ilícitas de años anteriores.
La situación se torna aún más polémica al conocerse que «Diego Rastrojo» ha sido incluido como testigo en la defensa del expresidente Álvaro Uribe, en el juicio que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El senador Iván Cepeda denunció esta situación, señalando que «en defensa del acusado expresidente Uribe Vélez testifican en el juicio oral, toda clase de jefes paramilitares y narcotraficantes, desmovilizados y activos».
EL NARCOTRAFICANTE ALIAS ‘DIEGO RASTROJO’ ES TESTIGO DE LA DEFENSA DE URIBE
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 22, 2025
Hemos señalado que en defensa del acusado expresidente Uribe Vélez testifican en el juicio oral, toda clase de jefes paramilitares y narcotraficantes, desmovilizados y activos. Dentro de esa larga lista…
Según revelaron medios, «Diego Rastrojo», desde una cárcel en EE. UU., habría ordenado el secuestro del menor como parte de un cobro mafioso: una presunta deuda de más de 37 mil millones de pesos que la familia del niño le debía por negocios turbios del pasado.
Este caso evidencia cómo las redes del crimen organizado siguen teniendo influencia en la vida política y judicial del país, y plantea serias preguntas sobre la ética de recurrir a testimonios de criminales condenados en procesos legales de alto perfil.
La liberación de Lyan, tras 18 días de cautiverio, no cierra este oscuro capítulo, sino que resalta la necesidad urgente de desmantelar las estructuras criminales que aún operan en Colombia y de garantizar que la justicia no dependa de alianzas con personajes de dudosa reputación.
