En un giro que tiene a más de cinco millones de afiliados con el corazón en la mano, la Corte Constitucional tumbó la intervención de la EPS Sanitas, decisión que pone en tela de juicio la capacidad del Estado para velar por la salud de millones de usuarios mientras deja abierta la puerta a presuntas irregularidades dentro de una de las EPS más grandes del país.
Le puede interesar: Cae un ídolo: ‘Lucho’ Herrera admitió haber pagado a paramilitares para callar secretos de desapariciones en Fusagasugá
Le puede interesar: Corte Suprema pone contra las cuerdas a Efraín Cepeda por tumbar la Consulta Popular con votos posiblemente manipulados
Con la Sentencia SU-277 de 2025, la Sala Plena del máximo tribunal le dio la razón al grupo Keralty, propietario de Sanitas, alegando que se les vulneró el derecho al debido proceso. Así, el fallo deja sin piso las resoluciones con las que la Superintendencia Nacional de Salud, bajo la dirección de Luis Carlos Leal, había tomado posesión de los bienes y operaciones de la EPS por graves deficiencias denunciadas.
Para muchos expertos, la Corte pasó por alto la advertencia de un riesgo real: ¿qué pasa con los pacientes? ¿Quién garantiza que la millonaria operación de Sanitas no siga arrastrando problemas financieros que golpeen la calidad de los servicios?
🧵La Corte protege a Sanitas, pero ¿quién protege al pueblo que se muere esperando una cita médica?
— Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) June 27, 2025
La Corte Constitucional dejó sin efectos la intervención a la EPS Sanitas. ¿La razón? “Vulneración del debido proceso”. ¿Y mientras tanto? Millones de colombianos siguen en una… pic.twitter.com/0yFgA6pbOQ
El propio exsuperintendente Luis Carlos Leal salió a poner los puntos sobre las íes: “Tengo la certeza de que cuando estuve como Superintendente Nacional de Salud, todas las decisiones que se tomaron fueron pensadas en el bienestar y en garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y además ajustadas a las normas y a las leyes vigentes”, afirmó Leal, dejando claro que su actuación siempre buscó blindar a los usuarios.
Y no se quedó ahí. Recordó que “el año pasado, en dos oportunidades, el Consejo de Estado negó la suspensión de la intervención de la EPS Sanitas”, ratificando que el proceso tuvo sustento técnico y legal. Sin embargo, la Corte Constitucional optó por ignorar estos fallos y abrirle la puerta a una EPS que, según la propia Superintendencia, ponía en riesgo la continuidad de la atención médica.
*Frente a la decisión de la Corte Constitucional en sentencia SU-277/2025 sobre la EPS Sanitas*:
— Luis Carlos Leal A🏳️🌈🏳️⚧️ (@LuisCarlosLealA) July 2, 2025
Informo a la opinión pública que, aunque el Consejo de Estado ya había respaldado en dos ocasiones la legalidad de la intervención a Sanitas, la Corte Constitucional tomó una… pic.twitter.com/J7VLijbacS
La pregunta es obvia: ¿defendió la Corte el derecho de una empresa a manejar su negocio o defendió el derecho de millones de colombianos a una atención digna? Hoy, con la intervención anulada, nada garantiza que los problemas que motivaron la medida no vuelvan a aparecer.
Leal, firme en su convicción, dejó claro que “estará siempre dispuesto a responder ante cualquiera de las entidades por todos los hechos relacionados con sus funciones como Superintendente Nacional de Salud”. Un mensaje que contrasta con el silencio que reina desde Sanitas y Keralty sobre cómo resolverán los líos financieros y operativos que motivaron la intervención.
Por ahora, los usuarios quedan en medio de un pulso jurídico de alto calibre, mientras se preguntan si la salud se seguirá negociando en los estrados y no en los hospitales. El fallo de la Corte puede haber devuelto un negocio, pero ¿quién devuelve la tranquilidad a los pacientes?
