¡Lo sacaron a patadas! Hacker de la “bodega uribista” fue expulsado por la SAE del penthouse narco que Duque le regaló

El Gobierno del Cambio le pone punto final a la ocupación irregular de un inmueble de lujo por parte de un operador de desinformación vinculado al uribismo.

En un operativo que marca un hito en la recuperación de bienes incautados al narcotráfico, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con apoyo de la Policía Nacional, desalojó a Carlos Escobar Marín, conocido por liderar campañas de desinformación en redes sociales a favor del uribismo, del penthouse 1002 del Edificio Praderas en El Poblado, Medellín.

El inmueble, de 389 metros cuadrados, piscina privada y vista al Club Campestre, fue incautado en 2016 a la Oficina de Envigado. Sin embargo, en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, fue entregado en arriendo a Jennifer Blanco Nieto, pariente de la pareja de Escobar, por un valor mensual de 3 millones de pesos, muy por debajo del precio de mercado.

Desde allí, Escobar habría coordinado campañas de desprestigio contra periodistas, políticos y activistas críticos del uribismo, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro y al exsenador Gustavo Bolívar.

Durante el desalojo, Escobar se opuso vehementemente, profiriendo insultos y amenazas contra los funcionarios: «Vienen es a robar, yo conozco a estas gonorreas», gritó, según videos del operativo. Además, acusó a los presentes de actuar en su contra por ser uribista.

Vecinos del edificio habían denunciado desde 2021 comportamientos violentos y fiestas ruidosas en el apartamento. En una ocasión, Escobar fue detenido por la policía tras lanzar una nevera desde la terraza mientras consumía estupefacientes en compañía del exfutbolista Faustino Asprilla y el senador Jonatán Tamayo, conocido como «Manguito».

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, señalando al expresidente Iván Duque de haber entregado el inmueble a un «amigo político»: «Este inmueble en El Poblado en Medellín era de la mafia, pasó a propiedad del Estado, pero Duque se lo dio a su amigo político. Lo recuperamos. SAE evaluará su uso en manos del pueblo.»

Con este desalojo, la SAE reafirma su compromiso con la recuperación de bienes mal habidos y su destinación al beneficio de la sociedad colombiana

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