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¡Victoria para la paz! Gobierno y Frente Comuneros del Sur firman histórica tregua y entregaran sus armas para destrucción

Con la firma de un acuerdo de cese al fuego bilateral y el compromiso de destrucción del material de guerra, las delegaciones del Gobierno y del Frente Comuneros del Sur (grupo armado que rompió con el ELN en mayo pasado) cerraron con éxito la quinta sesión de la mesa de paz territorial. Este acuerdo representa un avance significativo en la construcción de una paz duradera y en la transición de los actores armados hacia la vida civil.

La tregua tendrá una vigencia inicial de 180 días y comenzará paralelamente con la concentración de los integrantes de Comuneros del Sur en zonas de ubicación temporal en la región de los Abades, que incluye municipios como Samaniego, Ricaurte y Santa Cruz de Guachavés. Estas zonas serán el escenario del tránsito de los guerrilleros hacia la ciudadanía plena y la conformación de un movimiento político.

El proceso estará respaldado por un mecanismo de monitoreo y verificación que involucrará a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y abarcará varios municipios donde el grupo tiene presencia. Aunque los protocolos exactos no fueron revelados, se aseguró que están diseñados para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Otro de los acuerdos trascendentales es la destrucción progresiva del armamento en poder de los Comuneros del Sur. Este procedimiento, que contará con la supervisión de la MAPP-OEA, se desarrollará bajo estrictos protocolos establecidos por el Gobierno. Se espera que en abril de 2025 inicie este proceso, marcando un precedente dentro de la política de paz total impulsada por la administración actual.

El impacto de este acuerdo también busca transformar la economía de la región. La minería informal, fuente de ingresos ilícitos para grupos armados, podría convertirse en un distrito minero formal y legal que beneficie directamente a las comunidades locales. Esta estrategia pretende garantizar que la explotación de recursos sea transparente, sostenible y vinculada al desarrollo económico regional.

El acuerdo no solo avanza en la reincorporación de los integrantes de Comuneros del Sur a la vida civil, sino que también pone sobre la mesa asuntos sensibles como las denuncias de alianzas entre este grupo y las Autodefensas Unidas del Pacífico. Aunque el tema sigue en discusión, este paso refuerza la confianza en el proceso de paz.

Petro estalló contra los Pastrana y los Santos por los nuevos hallazgos del desfalco multimillonario a Coosalud

En una de las denuncias más contundentes contra las irregularidades en el sector salud, el presidente Gustavo Petro se refirió de forma contundente contra los manejos de la EPS Coosalud, que acumula una deuda de $433.000 millones y enfrenta acusaciones de lavado de activos. Además, reveló que en la junta directiva de la EPS figuran nombres de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia, vinculándolos indirectamente con la crisis financiera y administrativa que atraviesa la entidad.

“Coosalud EPS escondió $1.5 billones en facturas que no se pagaron ni se registraron en contabilidad, ocultando al público su situación de quiebra”, afirmó el mandatario, destacando la gravedad de los hallazgos presentados por la Superintendencia de Salud y la de Economía Solidaria. Las investigaciones apuntan a que estas maniobras habrían puesto en riesgo los recursos destinados a la atención médica de millones de colombianos.

La Superintendencia de Salud, encabezada por Giovanni Rubiano, detalló que la EPS arrastra una deuda acumulada de $433.000 millones. Dentro de las operaciones más cuestionadas se encuentra un crédito de $10.000 millones otorgado a Coosalud Inversa para la compra de un inmueble, el cual luego fue alquilado por la EPS por $1.000 millones mensuales. Además, la cooperativa vinculada a la EPS acumuló una deuda de $229.000 millones con la promotora de salud, incluyendo un giro bancario de $203.000 millones ejecutado a finales de noviembre.

Rubiano subrayó que los recursos desviados podrían haber cubierto tratamientos esenciales como diálisis para 30.000 personas o cirugías y tratamientos oncológicos para miles de pacientes. “Estas cifras reflejan un desfalco que impacta directamente la atención de salud en el país”, afirmó.

Por su parte, María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, advirtió que la cooperativa asociada a Coosalud está bajo investigación por un posible caso de lavado de activos. “Desde 2023, encontramos inconsistencias graves, incluyendo consignaciones no identificadas por más de $3.000 millones y fallas en las políticas contra el lavado de activos”, aseguró. Además, destacó irregularidades en los estados financieros que han dificultado conocer la verdadera situación de las empresas involucradas.

Petro también denunció la participación de figuras políticas de alto perfil en la junta directiva de Coosalud, insinuando una posible conexión entre estos actores y las maniobras que llevaron al colapso financiero de la EPS. Aunque no mencionó nombres específicos, el mandatario instó a que se investigue a fondo el papel de estos exfuncionarios en la crisis.

La intervención de la Supersalud y la Supersolidaria ha puesto en evidencia la red de operaciones irregulares entre la EPS, la cooperativa y empresas relacionadas. Ambas superintendencias coincidieron en que estas maniobras han generado un daño significativo al sistema de salud, afectando a más de 3.2 millones de afiliados en 23 departamentos del país.

¡Vuelve y juega! Juzgado ordena a Concejal uribista de Medellín retractarse por acusaciones injuriosas en contra del Concejal “Aquino” José Luis Marín

Un escándalo político sacude al Concejo de Medellín tras el fallo de un juez que ordena al concejal Andrés Rodríguez, conocido como «El Gury» y perteneciente al Centro Democrático, retractarse de sus polémicas afirmaciones contra José Luis Marín, concejal del Pacto Histórico. El episodio evidencia el nivel de confrontación verbal que predomina en este escenario político.

Todo comenzó el pasado 22 de noviembre, durante la sesión plenaria 172 del cabildo local, cuando Rodríguez acusó a Marín de ser «director de los integrantes de la primera línea» y de haber participado en supuestas «tomas guerrilleras» durante las manifestaciones sociales de 2020 y 2021. Sin pruebas para sostener estas graves imputaciones, las palabras de Rodríguez fueron cuestionadas públicamente por Marín, quien le pidió rectificar o, de lo contrario, acudiría a instancias legales.

Ante la negativa de Rodríguez, Marín presentó una acción de tutela el 5 de diciembre, argumentando que sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra habían sido vulnerados. El juzgado 22 Penal Municipal de Medellín, tras analizar el caso, le dio la razón a Marín y ordenó a Rodríguez retractarse de sus afirmaciones.

En su decisión, el juez aclaró que calificar las movilizaciones ciudadanas como «tomas guerrilleras» sin pruebas es un error. «Por el solo hecho de que en las movilizaciones se presenten actos vandálicos, no es suficiente para catalogarlas como tomas guerrilleras», señaló el fallo, añadiendo que no se puede estigmatizar las protestas por su afinidad política.

El juez también fue enfático en que Rodríguez no presentó pruebas que respalden su acusación de que Marín es líder de la primera línea, lo que obliga al concejal del Centro Democrático a rectificar dichas declaraciones.

José Luis Marín celebró la decisión judicial a través de sus redes sociales, donde escribió: “Juez de Medellín le ordena al ‘honorable concejal’ del Centro Democrático Andrés Rodríguez retractarse frente a las afirmaciones injuriosas y mentirosas que hizo en mi contra. ¡Ay Andrés! Cuándo aprenderás a respetar y a pensar un poquito antes de hablar”.

Este episodio deja al descubierto la necesidad de un debate político más responsable y respetuoso. Las acusaciones sin fundamento, como las realizadas por Rodríguez, no solo afectan la dignidad de sus colegas, sino que también polarizan aún más a la ciudadanía.

El intento de la oposición por hundir la reforma a la salud aplaza el debate hasta 2025

En un ambiente tenso y cargado de controversias, la Cámara de Representantes vivió una maratónica sesión extraordinaria para discutir la reforma a la salud, una de las iniciativas bandera del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, tras casi 12 horas de intensos enfrentamientos y maniobras de dilación por parte de la oposición, el debate se suspendió, postergando cualquier avance significativo hasta febrero de 2025.

El inicio de la jornada, programado para las 10 de la mañana, ya daba señales de los obstáculos que enfrentarían. La falta de quórum retrasó el trámite hasta las 11:00 a.m., y desde ese momento, la oposición desplegó toda su artillería: propuestas de archivo, solicitudes de aplazamiento y llamados a conformar subcomisiones para revisar las más de 500 proposiciones que buscan modificar el articulado.

Pese a estas tácticas, la plenaria rechazó la ponencia de archivo con 87 votos en contra y 51 a favor, permitiendo que el proyecto siga en discusión. Este resultado encendió aún más los ánimos en el recinto. La bancada de Cambio Radical, liderada por Carolina Arbeláez, abandonó la sesión denunciando «falta de garantías» para un debate transparente.

Por su parte, representantes como Katherine Miranda, quien se mantuvo en el recinto, no dudaron en expresar su descontento con el proyecto, al que calificó como una amenaza directa para los colombianos. “El desastre de la reforma a la salud lo veremos en número de muertos”, señaló la congresista a través de sus redes sociales.

Sin embargo, desde el oficialismo, se acusó a la oposición de recurrir a «trampas» para entorpecer el trámite. María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, denunció que las estrategias dilatorias son una muestra de violencia política contra las mujeres, una situación que dijo haber experimentado anteriormente.

La jornada no estuvo exenta de polémicas personales. Un enfrentamiento entre Katherine Miranda y el presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, terminó con la congresista sancionada por referirse a él con un término despectivo. Aunque Salamanca justificó su decisión como una medida contra la violencia verbal, Miranda respondió calificando su actitud como una supuesta orden política para silenciarla.

A pesar de las discusiones, la plenaria avanzó en algunos puntos importantes, como la creación del Consejo Nacional de Salud y el Sistema Público Unificado de Información en Salud. Estas medidas buscan sentar las bases para un modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo, pilares de la reforma propuesta por el gobierno.

El debate, no obstante, quedó aplazado hasta febrero de 2025, dejando al Congreso la tarea de ajustar un proyecto que promete transformar el sistema de salud en Colombia. Mientras tanto, las maniobras de la oposición dejan en evidencia su intención de frenar una iniciativa que, según el oficialismo, busca garantizar una atención más equitativa y efectiva para todos los colombianos.

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