Petro gana la pelea: Llora la oposición por aprobación de Reforma Laboral que dignificará a millones de trabajadores

El Senado aprobó la reforma laboral del Gobierno Petro con 57 votos a favor, marcando un avance histórico hacia el trabajo digno en Colombia.

Contra todo pronóstico, en medio de tensiones políticas, acusaciones cruzadas y una oposición desesperada por frenar el cambio, el Senado de la República aprobó este martes 18 de junio la tan esperada reforma laboral. Con 57 votos a favor y 31 en contra, la plenaria respaldó el título del Proyecto de Ley 311 de 2024, una iniciativa que marca un hito en la lucha por el trabajo digno en el país y que lleva el sello del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático en negar los rumores de supuestos acuerdos bajo la mesa para agilizar la aprobación: “Es irresponsable acusar al presidente de querer violar un acuerdo que no se ha celebrado”, declaró, luego de que algunos sectores insinuaran maniobras oscuras tras bambalinas.

Lo cierto es que el proyecto avanzó, y con él, una nueva era para los derechos laborales en Colombia. Entre los principales logros destacan la formalización progresiva de las manipuladoras de alimentos del PAE, la dignificación de los contratos de los aprendices del Sena, el aumento escalonado del recargo dominical hasta el 100%, la redefinición de la jornada nocturna desde las 7 p.m., y la reducción de la jornada laboral semanal a 42 horas sin afectación salarial.

El artículo 74, aprobado con 80 votos, es claro ejemplo de esto: formaliza a las trabajadoras que manipulan alimentos en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en su mayoría mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que por años fueron tercerizadas y subvaloradas.

Otro de los puntos que generó más expectativa fue el futuro de los contratos de aprendizaje. Aunque el Gobierno inicialmente planteaba que se convirtieran en contratos laborales plenos, la propuesta final, aprobada con adiciones del senador Ariel Ávila, garantiza el pago del 75% del salario mínimo en etapa lectiva y el 100% en etapa práctica, con cobertura en salud, pensión y riesgos laborales.

Aunque se debatieron los 77 artículos del proyecto, siete fueron eliminados, entre ellos el polémico artículo 9 sobre estabilidad laboral reforzada para poblaciones específicas. La senadora Clara López propuso su eliminación, y la votación (25 a favor, 5 en contra) confirmó su salida del texto. Desde el Gobierno, María Fernanda Carrascal celebró la decisión: “Como venía era regresivo. Limitar las causales de estabilidad laboral reforzada solo a las poblaciones enunciadas desconocía la necesidad de protección diferenciada para otros sujetos en condición de vulnerabilidad”, explicó.

También quedaron por fuera artículos que, según los ponentes, ya estaban cubiertos por leyes vigentes o podían abrir la puerta a formas encubiertas de precarización.

La reforma, que ahora debe pasar por etapa de conciliación con la Cámara antes del 20 de junio, incluye disposiciones clave como el recargo dominical del 100% para 2027, la eliminación de la jornada laboral en bloques de 4×3 días (que favorecía a empleadores y sobrecargaba a empleados), y la reducción de turnos rotativos a seis horas para evitar el agotamiento laboral en sectores de alta exigencia física.

Además, fue aprobado el artículo 62, que protege a los trabajadores afectados por la transición energética, obligando a empresas del sector minero-energético a diseñar planes de reconversión laboral. Una medida pensada no solo para proteger el empleo, sino también para blindar la paz social en regiones dependientes de estas industrias.

El artículo 77, que cierra la reforma, confirma que la ley entrará en vigor inmediatamente tras su promulgación y deroga normas incompatibles con el nuevo marco laboral, obligando incluso a sectores como el de la seguridad privada a ajustar sus tarifas para garantizar condiciones laborales acordes con la nueva legislación.

Mientras la reforma se debatía a toda velocidad, la oposición intentaba desviar la atención hacia la consulta popular propuesta por el Gobierno, una herramienta legítima si el Congreso no concreta las reformas estructurales. La senadora Paloma Valencia, sin pruebas, acusó al Gobierno de querer “mantener viva la consulta” a toda costa, como si respetar el derecho ciudadano a decidir fuera una amenaza.

Con esta aprobación, el Gobierno de Gustavo Petro demuestra que sí es posible legislar en favor de las mayorías, aún con un Congreso fragmentado y una oposición dispuesta a todo para mantener el statu quo.

Colombia da hoy un paso histórico hacia el trabajo decente. Atrás queda la retórica vacía y los discursos empresariales disfrazados de “prudencia económica”. La reforma laboral no es perfecta, pero es, sin duda, la más significativa de las últimas décadas en favor de quienes producen la riqueza del país con su esfuerzo diario.

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