El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de poner en jaque a la Alcaldía de Bogotá, imponiéndole un ultimátum: en 90 días debe reubicar a más de 900 indígenas emberá que sobreviven en condiciones infrahumanas en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ahora desplazados al Parque Nacional. Esta orden no es un favor, es una obligación judicial tras una tutela interpuesta por la Personería de Bogotá, que exige respeto a los derechos fundamentales a la vida, salud, seguridad y vivienda digna de esta comunidad vulnerable.
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Desde el 19 de mayo, más de 500 emberá han resistido el frío, las lluvias y la falta de servicios básicos como agua potable, atención médica y saneamiento, utilizando solo bolsas plásticas como refugio improvisado. Un drama que la Alcaldía en cabeza de Carlos Fernando Galán, no han logrado resolver pese a años de reclamos y advertencias.
Isabelita Mercado, consejera distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, reconoció que el desafío es enorme para la ciudad, pero dejó claro que el Distrito no puede seguir solo en esta carga: “Bogotá está explorando una serie de predios para cumplir con las condiciones impuestas en el fallo. Hemos enviado solicitudes a la Nación para que apoye este esfuerzo, que es grande para el Distrito.” Sin embargo, las palabras no se traducen en resultados concretos.
#Atención | El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio 3 meses al Distrito para reubicar dignamente a la comunidad Emberá de la UPI La Rioja. Ordena garantizar un albergue temporal con servicios básicos, saneamiento y condiciones de habitabilidad, tras resolver una tutela… pic.twitter.com/dBAdhJwkep
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Esta situación no es nueva. Desde que la comunidad emberá llegó a Bogotá en 2018 huyendo del conflicto armado en Risaralda y Chocó, la Alcaldía ha sido incapaz de garantizar una vida digna para ellos. El espacio en la UPI La Rioja nunca fue adecuado para una permanencia prolongada, y hoy sus habitantes enfrentan un limbo inaceptable, ahora expuestos a peligros adicionales, incluidos reportes de violencia sexual contra menores y presuntos casos de instrumentalización para actividades ilícitas.
Mientras tanto, Galán y su equipo parecen más interesados en discursos que en soluciones reales. La tutela advierte que la Alcaldía debe garantizar el acceso continuo a servicios básicos y apoyo psicosocial mientras se concreta la reubicación, pero hasta ahora el único avance visible ha sido la amenaza judicial.
🛑 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Alcaldía de Bogotá reubicar a la comunidad indígena Emberá que permanece en la UPI La Rioja, otorgando un plazo máximo de tres meses para garantizar condiciones dignas de vida.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 6, 2025
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El Tribunal no solo exige rapidez sino también efectividad: un inmueble idóneo que asegure condiciones dignas. Después de años de abandono y promesas incumplidas, la comunidad emberá merece mucho más que excusas y demoras.
