“El pueblo no será silenciado”: Petro defiende legalidad de la consulta y denuncia sabotaje desde el Congreso

El presidente Petro defendió con vehemencia la legalidad de la consulta popular y denunció maniobras desde el Congreso para impedir que el pueblo se pronuncie.

En un mensaje cargado de firmeza y advertencias, el presidente Gustavo Petro volvió a dejar claro que la consulta popular es un derecho legítimo del pueblo colombiano, amparado por la ley, y no una maniobra política como han intentado señalar desde ciertos sectores de la oposición.

“El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato”, afirmó el mandatario en sus redes sociales, al referirse al respaldo jurídico del artículo 33C de la Ley 1757. Según explicó, este artículo establece claramente que, en caso de que el Senado no se pronuncie sobre el concepto previo, ya sea de forma favorable o desfavorable, el presidente está facultado para expedir el decreto convocando al pueblo a las urnas.

Petro no se quedó ahí. Denunció que, a pesar de haber ofrecido congelar la consulta si el Congreso aprobaba la reforma laboral con los criterios concertados con diversos sectores, incluyendo los gremios, la respuesta desde el Senado fue cerrar sus puertas y, según el jefe de Estado, “perder todo el martes para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757”.

Con contundencia, el presidente expresó su descontento por lo que calificó como una jugada para evitar que los colombianos se pronuncien: “Usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral”.

Pero sus declaraciones tomaron un giro aún más alarmante al referirse a la situación de orden público. Petro denunció una ofensiva armada del Estado Mayor Central (EMC), con un saldo trágico de “5 civiles muertos y 2 miembros de la Policía”. Y agregó una frase que sacude al país: “La junta del narcotráfico ha ordenado mi muerte”.

Según el presidente, Iván Mordisco, líder del EMC, habría sellado una alianza con el Clan del Golfo hace más de un año. “Una hipótesis que cobra cada vez más fuerza, es que está detrás del atentado a Miguel”, señaló, revelando que incluso se habrían realizado reuniones en Medellín y Panamá “para concentrar recursos y desestabilizar el país”, y mencionó que en Panamá participó “un miembro de la mafia albanesa”.

Con estas declaraciones, Gustavo Petro deja en evidencia lo que, según él, es una peligrosa mezcla entre sabotaje institucional y amenazas criminales. La oposición acusa al Gobierno de buscar atajos democráticos, pero el presidente insiste en que su objetivo es claro: poner en manos del pueblo las decisiones que una clase política reacia al cambio quiere evitar a toda costa.

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