Petro no se dejó chantajear por la oposición y firma la Consulta Popular para que sean los colombianos quienes decidan sobre su futuro laboral

Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a consulta popular sobre la reforma laboral y desafía al Congreso: “Que el pueblo decida”.

Con un plumazo que podría marcar un antes y un después en la historia política del país, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar una consulta popular que le daría al pueblo colombiano el poder de decidir sobre reformas laborales que han sido sistemáticamente bloqueadas en el Congreso. En un acto de firmeza política, el mandatario no esperó más dilaciones del Senado y anunció que el decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión.

“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo… sean respondidos positivamente por el Congreso”, declaró Petro en sus redes sociales, acompañado de una foto suya firmando el documento, en lo que muchos han interpretado como una clara señal de que la democracia directa ha entrado en escena.

La decisión llega después de semanas de supuesta “conciliación” con las bancadas opositoras, las cuales, según el mandatario, no mostraron voluntad real de avanzar en las reformas estructurales que reclama el país. “Estoy facultado legalmente… porque ¿qué pasa si en el mes después de presentada la consulta, el Senado no toma concepto?”, se preguntó Petro, escudándose en el artículo 33 de la Ley 1757, que, según explicó, le da al Ejecutivo la potestad de avanzar en este tipo de mecanismos cuando el Congreso se rehúsa a pronunciarse.

Lo que para el Gobierno es una herramienta legal y legítima de participación ciudadana, para la oposición es “inconstitucional”. ¿La razón? Porque prefieren mantener el statu quo y no permitir que sea el pueblo quien decida.

Y el presidente no se guardó nada. Acusó directamente al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de dilatar deliberadamente el debate para cercenar los tiempos y evitar la consulta. “El presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes”, dijo Petro, indignado. Pero eso no fue todo: también denunció que “usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo”, una acusación fuerte que sugiere un intento de instrumentalizar un acto violento para callar la voz popular.

Las preguntas que plantea el decreto de Petro abordan temas fundamentales que durante años han sido archivados o ignorados:

  • Reducción de la jornada laboral a 8 horas diurnas.
  • Pago del 100 % de recargo por trabajo dominical o festivo.
  • Incentivos para pequeñas y medianas empresas asociativas.
  • Licencias por salud menstrual.
  • Inclusión laboral de personas con discapacidad.
  • Contratos formales para aprendices del SENA.
  • Protección laboral para trabajadores de plataformas digitales.
  • Garantías para los trabajadores del campo.
  • Eliminación de la tercerización y los contratos sindicales lesivos.
  • Seguridad social para trabajadoras domésticas, periodistas, artistas, entre otros.
  • Promoción del contrato a término indefinido como norma general.
  • Un fondo especial para bonificar pensionalmente a campesinos.

Mientras Colombia enfrenta una ola de violencia, con atentados armados y amenazas, el Gobierno insiste en que es precisamente ahora cuando el pueblo debe hablar. Que no se puede usar el dolor y la conmoción como excusa para cerrar los caminos democráticos.

Y es que lo que está en juego no es solo una reforma laboral. Es el derecho de millones a decidir, sin intermediarios, sobre el tipo de país en el que quieren vivir. Por eso, el decreto firmado por Petro es más que un papel: es un grito de rebeldía democrática frente a un Congreso que, según él, le ha dado la espalda al país.

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