Senador Ariel Ávila denuncia posibles aspiraciones de Felipe Córdoba al cargo de Procurador General, quien se graduó como abogado en dos años y medio y sin asistir a clases

El senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, denuncia enérgicamente las posibles aspiraciones de Felipe Córdoba al cargo de Procurador General, cuestionando su idoneidad y el proceso de nominación.

En un contundente video difundido en sus redes sociales, el senador de la República, Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, ha lanzado una seria advertencia sobre las posibles aspiraciones de Felipe Córdoba al cargo de Procurador General de la República.

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Ávila ha levantado serias preocupaciones sobre la idoneidad y el proceso de nominación de Córdoba, quien previamente se desempeñó como Contralor General en el gobierno del presidente Iván Duque.

Según Ávila, Córdoba no solo carece de la idoneidad necesaria para el cargo de Procurador, sino que también habría incurrido en prácticas cuestionables durante su mandato como Contralor. El senador ha hecho hincapié en el hecho de que Córdoba no era abogado cuando asumió el cargo de Contralor, y que posteriormente obtuvo su título del Politécnico Grancolombiano de abogado en un período sorprendentemente corto de dos años y medio y sin asistir a clases, según denuncia Ávila.

Además, Ávila ha señalado la existencia de presuntas irregularidades en la obtención de títulos académicos por parte de Córdoba, incluyendo acusaciones de plagio en su tesis de doctorado y la convalidación de una maestría en España que no estaría reconocida por los gobiernos de dicho país ni por Colombia.

El senador también ha puesto en tela de juicio la integridad del proceso de selección de Córdoba para el cargo de Procurador, advirtiendo sobre la posible influencia de «fuerzas oscuras» que podrían comprometer la transparencia y legitimidad del proceso. Ávila ha instado a no permitir que Córdoba sea ternado ni elegido como Procurador, argumentando que su nombramiento sería «nefasto para el país».

Esta advertencia de Ávila resalta la necesidad de garantizar que el proceso de elección del próximo Procurador sea transparente y justo, sin la interferencia de intereses externos que puedan socavar la institucionalidad colombiana y erosionar la confianza pública en las instituciones.

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