¡Vicky Dávila al servicio de los Gilinski! Quiere tumbar impuesto a la comida chatarra para favorecer a sus exjefes

Una investigación de Vorágine revela que Vicky Dávila ataca el impuesto a los ultraprocesados mientras defiende intereses del Grupo Gilinski, dueño de Nutresa.

Una investigación profunda de Vorágine revela que la campaña presidencial de Vicky Dávila, que busca eliminar el impuesto del 20 % sobre productos ultraprocesados aprobado por el gobierno de Gustavo Petro, responde a intereses económicos claramente ligados al poderoso Grupo Gilinski.

Dávila, quien fue directora de la revista Semana también propiedad de los Gilinski, promueve una narrativa que pinta el impuesto como un castigo a los más pobres y a las tiendas de barrio. Sin embargo, expertos consultados por Vorágine desmontan estas afirmaciones y exponen que la medida busca proteger la salud pública, desincentivando el consumo de productos ultraprocesados vinculados a enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares.

El Grupo Nutresa, controlado en un 84,5 % por Jaime Gilinski, es el mayor productor de ultraprocesados en Colombia y sería el principal beneficiario de la eliminación del impuesto. Marcas como Zenú, Rica, Noel y Chocolisto, entre otras, quedarían libres de esta carga fiscal que busca reducir el daño que causan a la población.

El impuesto no afecta significativamente el bolsillo de los colombianos, pues solo grava el 3 % de la canasta familiar, y su impacto es mayor en quienes más consumen ultraprocesados: poblaciones vulnerables y de bajos recursos, que a su vez sufren las consecuencias más graves de las enfermedades crónicas relacionadas con estos alimentos.

Asimismo, la supuesta crisis de las tiendas de barrio, utilizada como argumento por Dávila y Fenalco, carece de respaldo estadístico serio. Un estudio analizado por expertos evidencia que la competencia de cadenas como D1 y Ara es un factor mucho más decisivo en la reducción de ventas.

La investigación de Vorágine concluye que la postura de Vicky Dávila no solo contradice la evidencia científica y las recomendaciones internacionales, sino que también está atravesada por vínculos comerciales con el Grupo Gilinski, beneficiario directo de la eliminación del impuesto.

Este impuesto es una política pública con propósito social y sanitario, que ha sido blindada por la Corte Constitucional y respaldada por organizaciones internacionales como la OMS. Desmontar esta medida implicaría un retroceso grave en la protección de la salud de millones de colombianos.

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